Introducción al
conocimiento del país altiplánico desde una perspectiva nacional peruana
INTRODUCCIÓN
Pasado de unidad;
futuro de integración
Perú y Bolivia son dos Estados que nacen a la vida
republicana como resultado de la gesta independentista de inicios del siglo
XIX. Sin embargo, su vinculación, interdependencia y complementariedad, se
remonta a miles de años atrás, cuando en el territorio que hoy ocupan ambos
países florecieron varias culturas superiores andinas, entre ellas, Tiahuanaco
(Tiwanaku en Bolivia), los Lupaka y finalmente los Incas.
Tiahuanaco fue una cultura preincaica muy temprana que se desarrolló
aproximadamente entre 1500 a.C y 1000
d.C, ocupando el occidente de Bolivia, el norte de Chile actual y el sur del
Perú, con su núcleo central en la meseta del Collao (altiplano). Basaba su
economía en la agricultura y la ganadería, pero tuvo también importantes
desarrollos en textilería, cerámica y en arquitectura, quedando como huella de
esto último la ciudadela de Tiahuanaco, caracterizada por su arquitectura de
piedra decorada con relieves y planos colocados sobre estelas. Dada su
antigüedad, algunos estudiosos consideraban, hasta antes del descubrimiento
reciente de otras culturas como Caral, en el norte del Perú, que Tiahuanaco era
la cultura madre de las civilizaciones americanas.
Los Lupaka, reino surgido en el período cultural intermedio-tardío
(años 1200 – 1450 d.C.) tras la decadencia del Imperio Tiahuanaco-Huari,
implantaron un modelo económico basado en el establecimiento de un núcleo de
población y poder en el altiplano y el control a través de "colonias
periféricas" de enclaves de aprovechamiento agroecológico contrastado: en
la costa, hacia occidente, y en los valles hacia oriente. Estudiosos como el
americano John Murra, han denominado a este modelo como de control vertical de
un máximo de pisos ecológicos a través del "archipiélago vertical"
integrado por un núcleo central con cultivos de tubérculos andinos y ganadería
camélida; "colonias" multiétnicas en la costa con el aprovechamiento
del maíz, guano, algodón y productos costeros; y, otras "colonias"
multiétnicas en los valles y montañas orientales, con cultivos de coca, aprovechamiento
de madera y productos de la selva.
Con el advenimiento de los Incas, uno de los suyos (regiones) -el más grande-, fue el
Collasuyo, cuyo centro neurálgico estaba situado en lo que hoy constituye el
altiplano peruano-boliviano, en torno al Lago Titicaca, una de las regiones más
densamente pobladas de los Andes desde tiempos de Tiahuanaco, de modo que la
integración territorial, cultural y económica pre-existente continuó teniendo
lugar durante este período de la historia común.
Luego de la conquista española y con el inicio del período
colonial, los españoles constituyeron en 1559 la Real Audiencia de Charcas,
conformada por el territorio de lo que actualmente es Bolivia, uno de los
centros más prósperos y densamente poblados del Virreinato del Perú,
principalmente por sus riquezas mineras. Sólo en 1776, por conveniencias de la
administración colonial, dicha Audiencia fue trasladada del Virreinato del Perú
al Virreinato del Río de la Plata.
Al llegar la República, la hermandad peruano-boliviana
continuó desarrollándose tan fuertemente como en el pasado, dando lugar a
iniciativas políticas trascendentes como la constitución de la Confederación
Perú-Boliviana, que entre 1836 y 1839 trató de consolidar la unidad de ambos
países a partir de una estructura que reconocía tres Estados (el Nor-Peruano,
el Sud-Peruano y el Estado de Bolivia) con el Mariscal Andrés de Santa Cruz
como Supremo Protector.
A lo largo del siglo XIX, antes y con posterioridad a la
Guerra del Pacífico, las relaciones políticas, culturales y económicas entre
Bolivia y el Perú continuaron fortaleciéndose, particularmente entre el
altiplano boliviano y el sur peruano, contando como factores de dinamismo con
el crecimiento de la actividad minera, el comercio de los productos de la
agricultura y ganadería andinos, y, sin duda, la pérdida de la cualidad
marítima de Bolivia, en un contexto en que las ciudades fueron creciendo y
propiciando una mejor articulación territorial. Este proceso se consolidó con
la construcción del sistema ferroviario que vinculó el puerto de Mollendo (más
recientemente Matarani) con Arequipa y Puno desde el año 1874, conectado desde
1903 con la red ferroviaria occidental boliviana mediante transbordo en el Lago
Titicaca y su continuación con el tramo Guaqui-Viacha, sistema que estuvo
operativo hasta inicios de la década de 1970.
En consecuencia, las relaciones peruano-bolivianas, más
allá del predominante amplio entendimiento bilateral desde la creación de
ambas repúblicas, encuentra su más afirmada expresión social, cultural y económica, en el sector comprendido por la
macro-región sur peruana y el altiplano boliviano- peruano.
Desde el Perú, y en una mirada geopolítica, la macro-región
sur del país no puede ser percibida sólo
como una porción extrema del territorio nacional, sino también como una
proyección de la peruanidad en su conjunto hacia Bolivia y el sur del
continente, en el marco de un sistema de relaciones políticas, culturales y
económicas que tienen una larga data y períodos de auge y estancamiento,
proceso que de un tiempo a esta parte se presenta cada vez más dinámico y exige
una creciente competitividad de todos los actores comprometidos en su
desenvolvimiento.
Si observamos el mapa del Perú en el concierto del
continente sudamericano, podemos percatarnos de que el sur peruano, al que en
ausencia de una definición oficial de la “macro-región sur peruana” integraremos
referencialmente por los departamentos de Arequipa, Apurímac, Cusco, Madre de
Dios, Puno, Moquegua y Tacna, adopta la forma de un gran triángulo que se
inserta a modo de cuña entre Chile y
Bolivia, de modo que esa heredad territorial nos señala, como una constante,
una vocación de relacionamiento y de integración con esos países vecinos que con
distinto éxito hemos sostenido en el pasado, pero que en los tiempos actuales
de globalización -con la dinámica económica y comercial que este proceso
impone-, se presenta como una exigencia para garantizar el éxito de cualquier
estrategia de desarrollo nacional, de integración bilateral y regional, y de
inserción internacional competitiva.
Dos países, tres
dimensiones
Situándonos en tiempo presente y antes de entrar a un
análisis de los distintos tópicos específicos que componen este prospecto de ensayo,
se estima pertinente hacer referencia a tres dimensiones básicas que nos
introducen a un entendimiento de lo que Perú y Bolivia representan como
realidad actual y como posibilidad futura:
La dimensión
geográfica, no solamente representada por el tamaño similar del territorio
de cada uno de los dos países (más de un millón de kilómetros cuadrados de
superficie), sino por su ubicación en la parte central y
occidental de América del Sur, en una franja latitudinal que cubre casi
exactamente desde el ecuador geográfico hasta el trópico de capricornio, lo
que determina que el territorio de ambos
países se ubique íntegramente en el hemisferio sur de nuestro planeta y dentro
de sus regiones tropicales. No por pasar generalmente desapercibida esta
característica deja de tener una importancia capital: los trópicos son la
región del planeta que recibe la mayor cantidad de radiación solar y también
aquella en la que circulan los vientos alisios que aportan abundante agua de
lluvia. De no operar factores físicos modificadores, tales como altas cadenas
montañosas o corrientes marítimas frías, las regiones tropicales están
cubiertas por densos bosques que cobijan una variada flora y fauna y son proveedoras de abundantes bienes y servicios
ambientales, característica que Perú y Bolivia comparten en la mayor parte de
sus territorios.
Por otro lado, visto a una escala regional sudamericana, el
Perú junto con Bolivia, comparten el sector central y occidental del
subcontinente, factor que establece una posición geográfica estratégica que
constituye una invitación a ambos países para desempeñar un papel protagónico
conjunto en el contexto de la proyección e inserción del bloque sudamericano en
las grandes corrientes de intercambio global que caracterizan a la economía
contemporánea, particularmente en aquellas que tienen como origen-destino la
Cuenca del Pacífico.
La dimensión
demográfica, por su parte, nos muestra un par de países que poseen una
población del orden de los 44 millones de habitantes: algo más de 32 millones en
el Perú y cerca de 11,5 millones en Bolivia, de donde resulta que
demográficamente Bolivia es un tercio del Perú; sin embargo, el tamaño poblacional
conjunto de Perú y Bolivia es similar al de Argentina, país con el que, en esa
mirada integrada, compartiríamos el cuarto lugar en América Latina, después de
Brasil, México y Colombia. Considerando la dimensión territorial, ese número de
habitantes determina una escasa densidad poblacional, que alcanza en conjunto
los 17 hab/km2, una de las más bajas a escala latinoamericana. Adicionalmente,
y en función tanto de las características físicas de sus territorios como del
proceso histórico de ocupación del mismo, Perú y Bolivia tienen un poblamiento espacialmente
irregular, caracterizado por núcleos de poblamiento intercalados con grandes
espacios vacíos. Ello constituye una desventaja común a ambos países porque
grava significativamente el costo de las iniciativas de desarrollo que, en el
mundo contemporáneo, están basadas en la articulación de espacios complementarios,
en la vinculación de áreas de producción con mercados de consumo, en la
necesidad de disponer de servicios públicos accesibles para todos los
habitantes.
La dimensión
económica, finalmente, presenta dos “tamaños” económicos bastante
diferenciados entre ambos países. Si bien Bolivia es un país que muestra un
crecimiento económico significativo en la última década, haciéndolo incluso a
tasas mayores que la economía peruana, el PIB peruano y boliviano a precios
nominales, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional para 2018,
alcanzó a 228.944 y 41.833 millones de dólares, respectivamente, de modo que
actualmente el “tamaño” de la economía peruana es cinco veces y media mayor que
la boliviana. En un proceso de cooperación e integración no sólo económica,
sino también social y política que interesa a ambos países consolidar, el
crecimiento y desempeño económico dinámico y eficiente, se plantea, entonces,
como un reto fundamental en el propósito de asegurar avances en el
fortalecimiento de la comunidad de intereses entre ambos países.
Veamos, a continuación, los rasgos más destacados de la
realidad geográfica, social y económica de Bolivia, bajo un procedimiento que
pretende llevar, en donde resulta posible, una aproximación comparada con el
Perú.
EL TERRITORIO
Los más importantes rasgos de la geografía física que
comparten Perú y Bolivia son la Cordillera de los Andes y la llanura amazónica,
mientras que las grandes diferencias naturales las establecen la región costera
y del litoral Pacífico, que sólo posee el Perú, y la región del Chaco, una gran
llanura del oriente boliviano que configura una degradación árida del bosque
tropical en el corazón de Sudamérica desde aproximadamente el paralelo 16º de
latitud sur, región natural que sólo posee Bolivia.
Las grandes unidades
de relieve
La Cordillera de los
Andes es sin duda el rasgo físico fundamental del territorio boliviano. Los
Andes constituyen un macizo montañoso de gran altitud que recorre
longitudinalmente, con dirección general noroeste-sudeste, el territorio de
Perú y Bolivia (y también el de todos los demás países de la fachada occidental
del subcontinente sudamericano). La
primera gran actividad orogénica que ocasionó el plegamiento andino ocurrió
durante el Cretácico Superior, hace unos 70 millones de años, presentándose este
relieve de manera masiva justamente en su sector peruano-boliviano. A
diferencia de otros sectores de la cordillera andina en donde ésta tiene una
anchura de poco más de 100 km (por ejemplo en Ecuador, a la latitud de la
ciudad de Ambato; también a lo largo de la mayor parte de la frontera
argentino-chilena), a la latitud de 18º sur, aproximadamente entre las ciudades
de Tacna (Perú) y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), los Andes se extienden en
anchura por más de 700 km en dirección este-oeste, atravesada en el sentido de
la latitud por valles, quebradas, altiplanos, cumbres cordilleranas, parte de
ellas cubiertas por glaciares. La vida colectiva cotidiana de ambas naciones
está signada, entonces, por la presencia abrumadora de la cordillera andina.
La altitud en los Andes es un factor que casi anula la
influencia de la latitud: a partir de los 1.000 msnm, aproximadamente. Ella favorece
condiciones climáticas como sequedad atmosférica, disminución de la temperatura
promedio (aproximadamente 1°C por cada 200 metros) y rarefacción de la atmósfera.
Bajo estas condiciones, en los pisos altoandinos se dan fuertes variaciones
térmicas entre el día y la noche, el sol y la sombra. Además, esta cadena
montañosa constituye una barrera climática que impide la libre circulación
atmosférica y el contacto de las masas de aire del Anticiclón del Pacífico Sur
con aquellas procedentes de la actividad intertropical del Amazonas; dicho en
otros términos, bloquea el paso del aire húmedo (vientos alisios) de la
vertiente del Atlántico a la del Pacífico, ocasionando intensas precipitaciones en la vertiente oriental
andina donde las masas de aire cargadas de humedad chocan con el relieve. A la
inversa, en la vertiente del Pacífico, que ya no comparte Bolivia, las lluvias son
bastante más escasas, los ríos torrentosos e intermitentes (sobre todo en
aquellas cuencas que no se alimentan en parte con el deshielo de los glaciares)
y el desierto aparece en los pisos chala y yunga marítima (de acuerdo a la
clasificación de Javier Pulgar Vidal), como el ecosistema dominante.
Dentro de la región andina, se reconocen varias unidades de
relieve, entre otras, valles interandinos y sectores del piedemonte oriental
andino (ceja de selva o “bosque de neblinas” usando un término biogeográfico,
en el Perú; yungas, en Bolivia), pero la unidad de relieve de mayor importancia
física y humana para ambos países es el altiplano,
también conocido como “meseta del Collao”, que constituye una cuenca
sedimentaria intramontañosa con una topografía de tipo penillanura, situada
entre los dos ramales que delimitan la Cordillera en el sector fronterizo
andino. El altiplano, ubicado a una altitud promedio de aproximadamente 3.800
msnm, tiene su origen en el mismo proceso de levantamiento orogénico que formó
la Cordillera Andina y cuenta con un sistema hídrico autónomo (cuenca
endorreica o “cerrada” conocida como sistema TDPS: Titicaca – Desaguadero –
Poopó – Salar de Coipasa); además, tiene una mayor extensión en territorio boliviano
ya que bordeando el occidente de este país se aproxima a la frontera con
Argentina. Su importancia humana radica en el hecho de haber sido el centro
geográfico de antiguas e importantes culturas pre-colombinas en Sudamérica; en
la actualidad, no obstante las condiciones agrestes del clima de altitud, sigue
siendo un área de denso poblamiento, principalmente en las áreas ribereñas o
cercanas al Lago Titicaca, parte del espacio central boliviano, y “espacio
encrucijada” en el contexto de las relaciones peruano-bolivianas y de ambos
países con Sudamérica y el resto del mundo.
La altitud, la topografía accidentada, las diferencias de
nivel entre un punto del territorio y otro, tanto en Bolivia como en el Perú,
impuestas por ese factor geográfico principal que es la Cordillera de los
Andes, determinan un reto formidable a la articulación y el desarrollo de ambos
países. En esa perspectiva, en los Andes del Perú y Bolivia resulta pertinente
medir las distancias no horizontalmente, en kilómetros sobre el mapa, sino en
el tiempo de recorrido y el consumo de
energía necesarios para cubrirlas: ello
permitirá tomar noción de cuán cerca o
cuán lejos se encuentran, en términos económicos, los centros de producción de
los mercados, las ciudades unas de otras, las regiones con vocación
complementaria entre sí.
La Amazonía,
definida bajo un criterio ecológico como la gran región de bosque húmedo
tropical, ocupa la mayor parte del territorio en ambos países: 61 % en el Perú
y 52 % en Bolivia, comprendiendo para este último país los departamentos de
Beni y Pando íntegramente, la mitad norte del departamento de La Paz y el
sector septentrional del departamento de Santa Cruz, aproximadamente al norte
del paralelo 16º de latitud sur. Perú y Bolivia se encuentran en la región
amazónica en los sectores de la provincia de Sandia (Puno) y el departamento de
Madre de Dios, por el Perú; y la provincia de Iturralde (norte de La Paz) y el
departamento de Pando, por Bolivia.
La selva amazónica constituye desde el punto de vista estructural,
una gran cubeta sedimentaria formada por los procesos de erosión que tienen
lugar en la cordillera andina y la consecuente deposición de los sedimentos que
realizan los ríos que hacen parte de la red hidrográfica del río Amazonas. La
ubicación tropical y la poca altitud[1] favorecen altas temperaturas e intensas
lluvias durante la mayor parte del año, permitiendo el desarrollo de una
vegetación densa y exuberante, siempre verde. Por esa razón, para el Perú y
Bolivia, pero también para los otros seis países que la comparten, la amazonía
es una región natural de gran importancia estratégica: alberga una gran
biodiversidad, apenas conocida científicamente; posee una enorme extensión de
bosques; y mediante el proceso de captura de gases como el dióxido de carbono
(CO2) que realiza la biomasa, contribuye al equilibrio climático no
sólo de la región, sino del planeta en su conjunto.
La hidrografía y
el clima
Desde el punto de vista hidrográfico, Bolivia cuenta –o,
más estrictamente, hace parte, dado que todos sus sistemas hídricos son
compartidos con otros países- con tres grandes cuencas hidrográficas: del
Amazonas, del Plata y la cuenca cerrada o endorreica del Altiplano; además, en
muy pequeños sectores de su territorio occidental, Bolivia hace parte de la
vertiente del Pacífico.
Con la importancia que tienen tanto en extensión como en
aportes de agua las cuencas del Amazonas y del Plata, la del Altiplano ha sido
históricamente la más relevante, tanto por constituir el centro geográfico de
las más importantes culturas superiores andinas, por la antigüedad y densidad
del poblamiento en ella, como por el hecho de que hasta época reciente el
altiplano ha sido el principal centro económico del país, todo ello en un
contexto en el que este sistema hídrico mantiene un equilibrio precario, con
una clara tendencia a la aridez expresada tanto geográficamente, de norte a sur
(Lago Titicaca al norte; salares de Coipasa y Uyuni al sur), como en el tiempo
a través de las evidencias de que el balance hídrico tiende a ser negativo, por
el mal empleo o uso intensivo de los recursos hídricos por parte de la
actividad agrícola y pecuaria, minera y el crecimiento urbano, pero también
como consecuencia del impacto del cambio climático y particularmente del
retroceso glaciar.
El sistema
endorreico Titicaca - Desaguadero - Poopó - Salar de Coipasa (TDPS), con
143.900 km2, es un conjunto de cuencas y subcuencas interconectadas,
que específicamente comprende las cuencas hidrográficas del Lago Titicaca, río
Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa, sistema que abarca una parte del
sur del Perú, el occidente de Bolivia y un pequeño sector del norte altoandino de
Chile. En este sistema, el mayor cuerpo de agua está representado por el Lago
Titicaca, que con un espejo de agua de 8.440 km2 almacena alrededor
de 900.000 millones de metros cúbicos de agua. En el Lago Titicaca, el 90 % del
aporte de aguas es ofrecido por los ríos del sector peruano de la cuenca,
mientras que el balance hídrico establece actualmente un excedente de 35 m3/seg
que son evacuados por el río Desaguadero hacia el Lago Poopó y el salar de
Uyuni. Ello no quiere decir que la disponibilidad de los recursos hídricos del
sistema TDPS esté garantizada. Según datos de la Autoridad Binacional del
Sistema (ALT), entre abril e inicios de noviembre de 2009, el nivel del lago
descendió en 81 centímetros encontrándose en la cota de 3.808,55 metros sobre
el nivel del mar, cifra a sólo 30 centímetros del umbral inferior de la cota
mínima de operación de las obras de regulación del sistema, a partir de la cual
la ALT recomendaría empezar a aplicar restricciones en el uso de los recursos
hídricos del Lago Titicaca. Debe tenerse en cuenta que la alta evaporación,
propia de un clima seco de altitud, el retroceso glaciar en las cordilleras que
delimitan su cuenca, así como la alternancia entre años de sequía con otros de
intensa pluviosidad, alimentan este cuadro crítico, adicionalmente al uso cada
vez más intensivo que se realiza de los recursos hídricos de la cuenca por
parte de la población y las actividades económicas.
Desde el punto de
vista climático, debe señalarse que las precipitaciones, gradualmente más modestas de norte a sur
(entre 700 mm/año en el extremo norte del sistema hasta 200 mm/año en el extremo
sur), sumadas a la altitud por encima de los 3.600 msnm, determinan que el
clima predominante en este sistema sea el templado-frío de altitud, con una
marcada tendencia a la aridez lo que, además de la gradual escasez de
vegetación hacia el sur, se refleja en la alta salinidad de las cubetas
lacustres ubicadas en ese sector (lagos Uru Uru y Poopó), cuyas aguas, por esa
razón y por el deterioro ambiental (vertimientos urbanos y de la actividad
minera, principalmente), no pueden ser materia de aprovechamiento para la
agricultura o el consumo humano. En el extremo sur del altiplano boliviano, el
salar de Uyuni, con una superficie de 12.000 km2, no pertenece desde
el punto de vista hídrico al sistema TDPS, pero sí hace parte del altiplano
como unidad de relieve y comparte con el sistema TDPS las características de
clima templado-frío de altitud y de aridez extrema, como que se constituye en
una de las principales reservas de sal del planeta, estimada en 10 mil millones
de toneladas.
El sistema hídrico del
Amazonas ocupa la mayor parte del territorio boliviano: 724.000 km2,
es decir, el 66 % o las dos terceras partes del país (más de la mitad norte del
país, en un corte que sigue sobre el territorio una dirección noroeste-sudeste);
la propia ciudad de La Paz, se asienta en el valle de Chuquiago Marka, formado
por el río Chuquiyapu, que drena sus aguas al sistema amazónico. En Bolivia
nacen grandes formadores del río Amazonas, especialmente los ríos Guaporé - Iténez,
Mamoré y Beni, que al unirse con el río Madre de Dios que ingresa desde territorio peruano, forman cerca del
vértice norte del territorio boliviano el río Madera (o Madeira), el más
caudaloso afluente del Amazonas, con un caudal promedio de 32.000 m3/seg,
volumen de agua cuya importancia resalta si recordamos que la cuenca del
Amazonas aporta la quinta parte del agua de escorrentía del planeta. Esta
importancia estratégica es todavía mayor considerando que, después de la
energía fósil, el agua dulce es el recurso natural más escaso sobre la tierra. Si
bien la cuenca amazónica en Bolivia tiene sus nacientes en los pisos de la muy
alta montaña y altoandinos, el clima representativo en el llano amazónico es el
húmedo tropical, con altas temperaturas a lo largo del año y precipitaciones
pluviales concentradas en los meses de verano del hemisferio sur
(noviembre-marzo). Estas características climáticas sólo son modificadas
drástica y momentáneamente durante los “surazos”, masas de aire frío
procedentes de la actividad del anticiclón del Atlántico Sur que se traducen en
una brusca baja de temperatura en los días del inicio del invierno del
hemisferio sur, y que se prolongan hasta la amazonía peruana donde se denominan
“vientos de San Juan”.
Es interesante señalar que la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra está delimitada, hacia occidente, por el río Piray, un afluente del
Mamoré, por lo que desde el punto de vista hidrográfico es una ciudad
amazónica, si bien la biogeografía indica que la zona de vida natural donde está
asentada pertenece a las formaciones propias del chaco boreal y no a las del
bosque húmedo tropical que caracteriza a la llanura amazónica.
Extremadamente abundante en agua, el sistema hídrico
amazónico confronta en Bolivia grandes riesgos ambientales, entre los
principales, la acelerada deforestación por la extracción maderera, la
expansión del agronegocio, y la construcción de grandes presas, como las del
complejo del río Madeira, que Brasil levantó recientemente cerca del límite
entre ambos países, y que al alterar severamente la dinámica fluvial al crear
lagos artificiales, puede acarrear serios impactos ambientales, especialmente
sobre la fauna y flora de la región pero también sobre las condiciones de vida
de los pobladores locales.
La cuenca del río de
La Plata, es un sistema hidrográfico que comparten Bolivia junto con
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, abarcando en Bolivia los departamentos
de Tarija íntegramente, la mayor parte del de Chuquisaca, y sectores de los de Potosí,
Oruro y Santa Cruz, ocupando el 20,6% del territorio boliviano y organizando
tres subcuencas: la de los ríos Paraguay, Pilcomayo y Bermejo. El primero de
ellos es importante por su navegabilidad en el sector en el que hace frontera
entre Bolivia con Brasil y Paraguay, lo que permite la conexión del extremo
oriente boliviano con el océano Atlántico. Los ríos Pilcomayo y Bermejo nacen
de la cordillera andina, por lo cual discurren torrentosos en territorio
boliviano; poseen importantes recursos ictiológicos que aparentemente están
sufriendo severos impactos negativos como resultado de la captación y
canalización de las aguas de estos ríos
que con fines de irrigación se realiza aguas abajo, en territorios de Argentina
y Paraguay.
En la vertiente del
Pacífico se encuentran pequeños riachuelos que nacen de manantiales cerca
de la frontera con Chile, como es el caso del Silala, con 56 km de longitud de
los que solamente 4 discurren en territorio boliviano, y al que mediante
canalizaciones que datan de 1906, la empresa ferroviaria Bolivian Railway Co.
convirtió artificialmente, según el punto de vista oficial boliviano, en
tributarias del río San Pedro de Inacaliri en Chile. El uso de las aguas de
este río o manantial son materia, actualmente, de diferencias con Chile y
curiosamente es este país el que en junio de 2016 presentó ante la Corte Internacional
de Justicia una demanda para iniciar el procedimiento, con el fin de que dicha
Corte aclare si el cuerpo de agua en disputa, es un río internacional, como
afirma Chile, o un manantial con un afluente artificial, como alega Bolivia.
Recursos naturales
y medio ambiente
Perú y Bolivia son dos países privilegiados en términos de
la dotación de recursos naturales, tantos los renovables como los no
renovables, con la excepción, quizás, en el caso del Perú, del recurso suelo
agrícola. En dicha abundancia y diversidad, los Andes y la Amazonía juegan un
papel fundamental y han determinado que el Perú esté situado, en función de su
extraordinaria biodiversidad, en el grupo de los 17 países megadiversos del
planeta, situación que indudablemente Bolivia también compartiría si su
territorio integrara ecosistemas costeros y del litoral marítimo.
Los Andes, escasos en tierras aptas para el desarrollo de la agricultura en gran
escala como resultado de la “juventud” geológica del relieve y la accidentada
topografía[2],
muestra, en cambio, una amplia biodiversidad organizada en pisos ecológicos que
se escalonan, en cortas distancias, uno a continuación del otro como resultado
principalmente de las variaciones climáticas que introduce la altitud. En ese
sentido, en los Andes, tanto el Perú como Bolivia disponen de los mismos
ecosistemas a similares altitudes, algunos de ellos centros naturales de
especies de fauna (camélidos sudamericanos, cuy) o de flora (cereales y
tubérculos andinos) que a lo largo de miles de años de domesticación se han
convertido en un patrimonio genético de gran importancia social y económica que
ambos países comparten casi en total exclusividad. Por otra parte, el proceso
de orogénesis andino ha determinado también la abundancia y amplia variedad de
recursos mineros polimetálicos, principalmente en los pisos culminantes de este
relieve (por encima de los 4.000 msnm), donde los fenómenos de mineralización
están más próximos a la superficie de la corteza terrestre. No menos destacada
es la llanura sedimentaria, levantada por procesos tectónicos, de El Mutún, en
el extremo oriental del país, donde se ubican las reservas de hierro más
importantes conocidas en el mundo. En la vertiente oriental andina de ambos
países, sobre un terreno por lo general muy accidentado, abundan densos bosques
de neblinas que se alimentan con las aguas del frente lluvioso que recorre la
amazonía con dirección general este – oeste, conformando ecosistemas muy ricos
desde el punto de vista de la biodiversidad presente, pero también muy frágiles, cuya intervención masiva y
descontrolada puede acarrear intensos procesos de erosión, de pérdida de
biodiversidad y de contaminación de los cursos de agua, con actividades tales
como la tala furtiva y el cultivo y procesamiento ilegal de la hoja de coca,
presente en ambos países.
En el altiplano, y más precisamente en el Lago Titicaca,
Perú y Bolivia comparten importantes recursos hidrobiológicos que fueron
estimados, tres décadas atrás, en 83.967
t de ictiomasa para el sector del Lago Mayor, cifra que extrapolada para todo
el Lago alcanzaba las 124.000 t. El año 2000, nuevos estudios mostraron un
descenso a 70.000 t en la zona pelágica estimándose otras 40.000 t en el sector
ribereño, estando compuesta la ictiomasa en
27,9% por pejerrey, 71% por ispi, 1 % por trucha y 0,2% por carachi.
Estas cifras son indicativas de un potencial de recursos hidrobiológicos
importante pero que debe gestionarse adecuadamente para evitar su agotamiento,
en la perspectiva de contribuir de manera significativa y permanente en la
mejora de la alimentación de la población altiplánica, principalmente. Un
componente fundamental de esa adecuada gestión es la conservación de la calidad
de las aguas del Lago, asunto que lamentablemente con el incremento de la población
ribereña y principalmente con el crecimiento urbano, se está deteriorando
rápidamente: de lado peruano, con las aguas servidas de las ciudades de Puno y
Juliaca, a las que hay que agregar las aguas residuales industriales, y los
contaminantes que arroja la actividad minera informal en las cuencas de los
ríos Ramis y Suches principalmente; de lado
boliviano, con los residuos urbanos e industriales de las ciudades de El Alto y
Viacha, que transporta el río Katari para terminar depositándolos en la bahía
de Cohana, en el sector del Lago Menor o Lago de Huiñaimarca.
Pero si en los Andes la biodiversidad es variada, en la
Amazonía ella alcanza su clímax. El número de especies de plantas, mamíferos,
aves, reptiles y anfibios, ha sido estimada el año 2009 en 38.020 en la
amazonía peruana y en 22.268 en la amazonía boliviana, con lo que la biodiversidad
amazónica se constituye en sinónimo de abundancia, complejidad y de aporte de
productos de gran importancia para la economía mundial, tales como el caucho o
el cacao desde muy antiguo; o más recientemente la castaña de Brasil, el sacha
inchi o la uña de gato, por mencionar sólo algunos. Entre esta biodiversidad se han
identificado más de 2.000 especies de plantas útiles para fines alimenticios y
medicinales, así como cientos de especies de fauna para la caza y pesca que
constituyen la principal fuente de proteína para las poblaciones locales
amazónicas en ambos países.
Gran parte de la riqueza natural del Perú y Bolivia está
representada por los bosques naturales que cubren un amplio sector de sus
territorios. En el caso del Perú, ese patrimonio forestal alcanza los 72
millones de ha del que 94 % se encuentran en la región amazónica, 4,4 % en la
costa norte y 1,6 % en la región andina; en Bolivia, los bosques naturales
cubren 53 millones de ha, pero se distribuyen en varios ecosistemas
principales: amazonía, chiquitanía[3],
chaqueño y andino, siendo que los bosques amazónicos representan algo más del
40 % del total. Es importante destacar que el bosque no debe ser visto
solamente en términos de su potencial maderable, sino también en relación a los
otros bienes y servicios que oferta. En cuanto a lo primero, el bosque cobija
la biodiversidad, regula el flujo del agua, protege el suelo y contribuye a
mantener los ecosistemas acuáticos (ríos, lagos, cochas, várzeas o bosques
estacionalmente inundables), todo lo cual se traduce en la posibilidad de que,
en base a una eficiente gestión, se puedan obtener de él bienes de valor
económico tanto para sus habitantes como para los mercados. En cuanto a la
provisión de servicios, la biomasa contenida en los bosques actúa como un
gigantesco sumidero de carbono que, en sentido inverso, libera oxígeno puro a
la atmósfera. En una coyuntura mundial en la que el cambio climático, con la
elevación de la temperatura promedio del planeta como su principal
manifestación, exige adoptar medidas de mitigación de sus impactos, valorar
esos servicios ambientales del bosque para países como el Perú y Bolivia,
resulta un asunto fundamental, más aún si ello se asocia a la mejora de la
calidad de vida de sus habitantes mediante el pago de servicios ambientales
basados en la conservación del patrimonio forestal, y el desarrollo de
actividades económicas ambientalmente
amigables, tales como la agroforestería y el turismo ecológico, entre otras[4].
No obstante lo expresado, ni Perú ni Bolivia han podido
impedir la deforestación y la degradación de sus bosques, la pérdida de
diversidad biológica y la afectación de la calidad ambiental en sectores importantes
de sus respectivos territorios, lo que constituye una realidad creciente y
preocupante en un contexto en el que se deforestan, según cálculos realizados para
mediados de la década pasada, unas 120 mil ha/año de bosque en el Perú y 224
mil ha/año en Bolivia. Sin embargo, en este último país el avance de la
agricultura de plantación y de la ganadería extensiva (el agronegocio), el de
los frentes de colonización espontáneos promovidos por campesinos andinos sin
tierra, y la extracción de maderas preciosas en la amazonía y el departamento
oriental de Santa Cruz, habría llevado estas cifras a partir de 2010 por arriba
de las 300 mil ha, según estiman varias fuentes y a 350.000 ha/año en 2017,
último para el cual se cuenta con información confiable. Estos cálculos se
quedan cortos frente a los datos que ofrece un reciente estudio del Centro de
Investigación y Preservación de la Amazonía (CIPA) de la Universidad de Pando,
que señala que en la amazonía boliviana se ha destruido, en los últimos 10
años, 138.500 km2 de bosque amazónico.
En lo que respecta a recursos energéticos, en ambos países
abundan los renovables, principalmente la hidroenergía, mientras que los
hidrocarburos –no renovables- presentan
un estado de situación complejo. En cuanto a hidroenergía, Bolivia cuenta con
un potencial aprovechable estimado en 39.870 MW de los que a mediados de esta
década sólo se utilizaban 482,5 MW que, a su vez, hacen menos del 40 % de la
capacidad eléctrica instalada que el año 2010 llegaba a 1.430 MW (el resto son
centrales térmicas, alimentadas en su mayor parte por gas natural), menos de la
cuarta parte de la capacidad de generación eléctrica instalada en el Perú, que
es de 11.280 MW, 52 % de la cual es energía fósil y el 48 % restante energía
hidráulica. En materia de hidrocarburos, en el sector sur-oriental de Bolivia
se ubican importantes áreas de filiación petrolera y gasífera, especialmente de
este último hidrocarburo ligero. Las reservas petroleras comprobadas son
similares en ambos países: del orden de 470 millones de barriles, volumen que
los sitúa en una posición rezagada a escala mundial e incluso latinoamericana
lo que es menos grave para Bolivia, en tanto país de un tamaño económico menor
que el Perú. Por otra parte, las reservas de gas bolivianas, siendo
importantes, especialmente en el campo de Margarita en el departamento de
Tarija, plantean dudas respecto a su volumen real el que habiendo sido
calculado en 26,7 trillones de pies cúbicos (TCF) en 2004, fueron reestimadas
el 2010 en 8,3 TCF (a mediados de 2011 el gobierno anunció que las reservas
probadas alcanzaban los 9,94 TCF y en agosto de 2018 informo que las reservas
probadas alcanzaban los 10,7 TCF); a diferencia, solo en los lotes 56 y 88 de
Camisea, las reservas comprobadas de gas peruano ascienden a 15,9 TCF. En
materia de hidroenergía, por otra parte, la abundancia del recurso hídrico y
las grandes diferencias de nivel que en cortas distancias establece el relieve
andino, crean tanto en el Perú como en Bolivia, condiciones óptimas para que
ambos países se posesionen como los principales productores de energía
hidroeléctrica en el subcontinente sudamericano.
En materia de recursos naturales y ambiente, es importante
promover una mayor aproximación y cooperación entre Perú y Bolivia, orientada a
construir una visión integral y de largo plazo que evite la explotación o
utilización irracional de los recursos naturales que ambos países poseen en
ecosistemas compartidos o complementarios, contribuya a reducir la creciente
contaminación y deterioro ambiental, y estimule la conservación de tales
ecosistemas. Un ámbito de cooperación en esa materia viene funcionando para el
sistema hídrico Lago Titicaca – Río Desaguadero – Lago Poopó – Salar de
Coipasa, sustentado en el régimen de condominio del Lago Titicaca establecido
mediante tratados de 1955 y 1957, para cuya gestión ambos países establecieron
en 1996 la Autoridad Binacional del Lago Titicaca (ALT), cuya nueva estructura
institucional, Estatuto Orgánico y lineamientos programáticos de un nuevo Plan Director
Global, están siendo materia de trabajo entre ambos países a través de un Grupo
Binacional Ad Hoc de Gestión de la ALT establecido mediante la Declaración
Presidencial de Ilo de octubre de 2010. Existe también un Grupo de Trabajo
Binacional (GTB) para la cuenca del río Suches, en donde la minería ilegal
causa una gran contaminación de su curso, de algunos afluentes y sin duda del
propio Lago Titicaca en el sector de la desembocadura de dicho río. Por otra
parte, un posible espacio de cooperación oficial en el corto plazo, más allá de
las iniciativas propuestas por algunas ONG ambientalistas, podría ser la
consolidación de un corredor ecológico a partir de los Parques Nacionales
colindantes de Bahuaja Sonene, en el departamento de Madre de Dios, y de
Madidi, en el norte del departamento de La Paz, iniciativa que se orientaría
principalmente a evitar la fragmentación de los hábitats naturales en estos
sectores de la amazonía de los dos países que albergan una extraordinaria
biodiversidad.
LA SOCIEDAD
Los
rasgos generales de la sociedad boliviana
No obstante ser
la nación boliviana, al igual que las demás naciones de América Latina, el
resultado del mestizaje étnico y cultural entre lo nativo y lo ibérico, sin
duda se trata de uno de los países de la región en donde la herencia indígena
está más arraigada. En el censo de población, de 2001, ello significó que en
términos del criterio lingüístico, es decir del primer idioma que las personas
censadas aprendieron a hablar, el 50,0 % fuera clasificado como indígena en
tanto tal primera lengua fue una nativa; más marcado aún fue el criterio de
auto-pertenencia, en el contexto del cual el 62,2 % de la población se
reconoció como indígena. En el censo de 2012, el sentimiento de pertenencia
indígena sólo incluía al 40,6 % de la población, lo que lleva a la pregunta de si
no será que las mejoras evidentes en la calidad de vida de los bolivianos, el
aumento de la urbanización, el avance del español como lengua de uso común,
tiene una relación –todos o algunos de estos factores- con este marcado
retroceso del sentimiento de pertenencia indígena. En el Perú, en cambio, el
sentimiento de pertenencia étnica percibido por algo más de 23 millones de personas
que contestaron a esta pregunta en el censo de 2017 del INEI, indica que la
amplia mayoría (60,2 %) se percibe mestizo; el 25,8 % indígena, casi todos
andinos y con una pequeña proporción de población nativa amazónica; el 5,9 % se
autocalifica de “blanco”; y el 3,6 % de afroperuano.
Por lo demás,
Bolivia es uno de los países de la región con mayor proporción de población
rural y también con mayores índices de pobreza, dado que el PIB per cápita alcanza,
según estimaciones del FMI para el 2018, US$ 3.681 mientras que en el Perú es
de US$ 7.002. Casi el doble.
Incidiendo en el
índice de pobreza, éste era en 2005 del 60,6 % mientras que la extrema pobreza
afectaba al 38,2 % de la población. En 2017, las estadísticas oficiales indican
que la situación de pobreza comprende al 35,0 % de la población mientras que la
extrema pobreza afecta al 16,4 %, Estas cifras demuestran un notable progreso
en la disminución de la pobreza en el país altiplánico, lo que es consistente
con el desarrollo económico logrado en ese periodo, pero dejan sin respuesta
cuánto de ello será verídico, proveniendo dicha información del Instituto
Nacional de Estadística de Bolivia (INE), un organismo técnico del sector
público que como todos a lo largo del gobierno del señor Evo Morales, tienen
una alta injerencia del gobierno nacional.
Como viene de decirse,
lo anterior no significa que no se hayan logrado avances en la lucha contra la
pobreza en los últimos años, lo que, en efecto, ha ocurrido y responde a una
combinación de factores, entre los principales, el bajo incremento de los
precios de los alimentos especialmente en el área rural, así como el aumento de
los ingresos monetarios en los hogares, provenientes tanto de fuentes laborales
con el aumento sustantivo del salario mínimo[5]
como de la trasferencia de recursos por parte del Estado a sectores vulnerables
de la población a través de programas de apoyo social tales como el bono
“Juancito Pinto” (subsidio escolar anual destinado a contribuir con la permanencia escolar), la
“Renta Dignidad” (pago vitalicio para todos los bolivianos mayores de 60 años),
y el bono “Juana Azurduy” (que busca mejorar la salud y nutrición de las
mujeres embarazadas y de niños menores de dos años). Todo ello evidencia una
preocupación del Estado boliviano por reducir la desigualdad en el ingreso y
favorecer la inclusión social. Sin embargo, el reto futuro para Bolivia en
materia social es encontrar la fórmula para sostener la mejora del bienestar de
la población tradicionalmente olvidada
por el Estado, a la vez que eliminar la dependencia de estos programas del
ingreso gasífero y minero, dado que se financian con los ingresos provenientes
de la comercialización de recursos naturales agotables.
La mejoría en los
indicadores sociales también ha llevado a que Bolivia haya alcanzado ya en 2010 la meta histórica de
“analfabetismo cero” y una tasa de matriculación en el ciclo primario por
encima del 95 %; reducido la tasa de mortalidad de 67 a 53 por mil nacidos
vivos y de 116 a 70 la de niños menores de 5 años; mientras que la mortalidad
materna cayó de 390 a 200 por cada 100 mil nacidos vivos, indicadores todos
estos que son ampliamente criticados por la oposición política al gobierno que
alude a que estas cifras son manipuladas con fines de ganar puntos en la
simpatía de la población y así preparar el camino para que el gobierno se
perennice en oportunidad de las consultas electorales.
Las
características demográficas
Más allá de un tamaño poblacional que representa
aproximadamente la tercera parte del Perú, la demografía boliviana tiene muchas
similitudes con la peruana. En la historia colonial y republicana, ambos países
han tenido un largo proceso de estancamiento demográfico que se revirtió
notoriamente a partir de mediados del siglo XX, cuando la accesibilidad de
sectores remotos del territorio mejoró gracias al progreso de la
infraestructura vial. Entre sus principales consecuencias, ello dio pie al
progreso de las condiciones sanitarias, que a su vez se tradujo en una gradual pero
acelerada disminución de la mortalidad, especialmente la infantil, lo que propició
un rápido crecimiento demográfico. En la actualidad, Bolivia se encuentra, al
igual que el Perú, en un franco proceso de madurez demográfica, reflejada en
una reducción del crecimiento vegetativo como consecuencia fundamental de la
reducción de las tasas de natalidad. Así, en el último quinquenio de la década
pasada el crecimiento demográfico de Bolivia se estimó en 2,01 % anual mientras
que en el Perú el crecimiento anual promedio entre los censos de1993 y 2007 fue
de 1,6 %[6],
en tanto entre este último y el de 2017, alcanzó sólo
el 1,0 %, lo que indicaría que nuestro país está más cerca de alcanzar la
madurez demográfica. En el tiempo, ello está llevando también a que el promedio
de edad de la población sea cada vez mayor, de modo que en la pirámide
demográfica, los grupos de edad joven (de 0 a 19 años) están empezando a pesar
menos, mientras que los grupos de edad media (20 a 59 años) al igual que los de
edad adulta (60 y más años) ganan participación. En ese contexto, la esperanza
de vida al nacer en 2016 fue de 69,1 años en Bolivia y de 75,0 años en el Perú.
Otra aspecto importante es el que alude a las
características económicas de la población, considerando que el tipo de
evolución demográfica en curso obliga a ambos países a que, sin descuidar las
demandas sociales asociadas principalmente a los grupos de menor edad
(educación, salud pública) los gobiernos tengan que redoblar esfuerzos en la
atención de las demandas de empleo de una masa laboral creciente. En 2007, la Población Económicamente Activa
(PEA) de Bolivia fue del 48,7 % de la población total contra el 52,8 % en el
Perú, lo que sin duda responde al hecho de la mayor proporción de población
madura, en edad de trabajar, en el Perú con relación a Bolivia. En cuanto a la
distribución de esa PEA por sector de actividad económica, en 2017 el sector
primario (agricultura, minería) congregaba el 37,6 % en Bolivia frente al 29,3
% en el Perú; el sector secundario o industria manufacturera, el 11,0 % en
Bolivia y el 15,5 % en el Perú; y el sector terciario (comercio y servicios) el
51,4 % en Bolivia y el 55,3 % en el Perú. Todo ello es indicativo de un mayor avance
en la evolución de la PEA peruana, desde el sector primario al sector
terciario, que es el signo de las economías modernas y dinámicas en las que, en
muchos casos, la proporción de la PEA que se desempeña en el sector terciario
alcanza o sobrepasa el 75 % del total.
La distribución
espacial de la población: migraciones y estructura urbano – rural
Una característica común a la población boliviana y peruana
es la relativamente baja densidad de población: 9,65 hab/km2 en
Bolivia y 25,0 hab/km2 en el Perú para el año 2017. Si bien estas
cifras indican que la densidad poblacional en el Perú es dos veces y media
mayor que la boliviana, las medias estadísticas esconden el carácter
discontinuo y la desigual distribución espacial de la población: en Bolivia,
las más altas concentraciones demográficas se dan en el altiplano, el área de
más antiguo poblamiento, principalmente en los sectores ribereños del Lago Titicaca
y el área metropolitana de las ciudades de La Paz/El Alto, si bien también
existe alta densidad de población en sectores del departamento de Oruro con
fuerte presencia de la actividad minera y en ciudades que prestan servicios a
esta actividad. Los valles interandinos de los departamentos de Cochabamba,
Sucre y Tarija, también son sectores de relativamente denso poblamiento,
incluyendo las áreas de colonización reciente que se proyectan sobre el flanco
oriental de la cordillera andina (zona del Chapare, en Cochabamba, por
ejemplo). Finalmente, una tercera área de poblamiento está constituida por la
ciudad de Santa Cruz y su región integrada por las zonas de economía agrícola
de plantación que se desarrollan en lo que ya constituye el Chaco boreal y las
ciudades con funciones locales que atienden la demanda de servicios de esas
actividades (Warnes, Montero, Yapacaní). En una visión de conjunto, puede
señalarse que el poblamiento en Bolivia se organiza bajo un modelo del tipo
“archipiélago”, lo que constituye una desventaja en términos de los costos que
impone al desarrollo, pero que refleja una realidad en buena parte afianzada en
las características geográficas del país, en donde el territorio plantea
grandes retos para su ocupación y aprovechamiento. El Perú, por su parte, no
escapa a estas características, con la diferencia de que son las regiones
costeras las que ganan cada vez una proporción mayor de la población: en 55
años (censos de 1961 y del 2017) la población costera pasó de representar el
39,0 % del total al 58,0 %; la de la
selva también ganó participación, pasando del 8,7 % al 13,9 %, mientras que la
sierra perdió más de 24 puntos, pasando del 52,3 % al 28,1 %.
En este contexto de dinámicas demográficas asociadas al
territorio, la población urbana, entrado el siglo XXI, es predominante. Hacia
mediados de la presente década, la
población urbana en Bolivia representaba el 67,3 % y la rural el 32,7 % del
total, frente al 79.3 % y 20.7 %, respectivamente, en el caso peruano a partir
de las cifras del censo de 2017, lo que de alguna manera indica que el éxodo
rural y el despoblamiento de las comunidades campesinas en Bolivia en años
recientes no ha sido tan intenso como lo vaticinaban los especialistas en la
década de 1970; el hecho de que la población rural represente todavía el tercio
de la población total del país es un dato muy importante, indicativo de la presencia
y peso específico que aún tiene el habitante del campo en las dimensiones
social, cultural y económica del país, así como en los modelos de gestión del
desarrollo, asunto que, entre otras principales razones, ha impulsado al
gobierno actual a establecer un sistema de autonomías a nivel departamental,
regional, indígena y municipal, que eventualmente, llevará a la reconstitución
territorial de Bolivia, hacia adentro, en su integridad.
La dimensión
socio-cultural; sus contradicciones y desafíos
Perú y Bolivia son dos países con una fuerte identidad
cultural como parte de la cual comparten una serie de elementos comunes
construidos a lo largo de una historia que se remonta miles de años atrás. Como
resultado de ello, la cosmovisión, las formas de organización política y
social, los modelos de organización económica, han sido compartidos por la
población nativa mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles,
particularmente en el espacio altiplánico, y han subsistido hasta la
actualidad, aunque debilitados en muchos de sus elementos y especialmente en
las áreas más tocadas por los componentes de la “modernidad”.
Un elemento importante de esta identidad común es la lengua
materna, respecto de lo cual, si bien en ambos países se hablan decenas de
lenguas nativas, principalmente en el ande y la amazonía (también el guaraní en
el Chaco boliviano), dos de ellas destacan por su importancia: el aymara y el
quechua, ambas ampliamente presentes en la región andina de los dos países. En
cuanto al quechua, constituye la lengua materna de aproximadamente el 22 % de
la población boliviana y del 13 % de la población peruana lo que, considerando
la mayor población que tiene el Perú, determina, sin embargo, que hayan más
quechua-hablantes en el Perú que en
Bolivia. Por su parte, el aymara es la lengua materna del 15,0 % de la
población boliviana pero sólo del 1,8 % en el Perú, con lo que la mayoría de
los aymara-hablantes se encuentran en Bolivia. La manera cómo se distribuye
geográficamente la población que habla esas dos lenguas nativas en Bolivia,
indica que los aymara-hablantes están más presentes en el altiplano de los
departamentos de La Paz y Oruro, mientras que los quechua-hablantes tienen
presencia mayoritaria en los valles andinos de Chuquisaca (Sucre), Cochabamba y
en el departamento de Potosí. En el sector altiplánico fronterizo, el aymara es
la lengua nativa ampliamente dominante de lado boliviano, mientras que de lado
peruano también lo es en el sector de la ribera sur del Lago Titicaca hasta la
ciudad de Puno. De allí hacia el norte, el quechua se vuelve el idioma nativo
dominante.
Un componente cultural significativo que debe mencionarse
es el hecho de que tanto el Perú como Bolivia han desarrollado en años
recientes un gran esfuerzo para erradicar el analfabetismo, el que si bien no
llega aún en ambos países a la “meta cero” (a pesar del uso de ese lema en
Bolivia), técnicamente permite declarar a ambos países como libres de este
factor limitativo para el progreso social y económico de la población. En
adelante, el esfuerzo mayor de los dos gobiernos tendrá que estar puesto en la
erradicación del analfabetismo funcional, y en el énfasis en la educación de la
población que habla lenguas nativas en su propio idioma, lo que sin duda
constituirá no sólo un factor importante para vigorizar su progreso social y
económico, sino que también contribuirá a la protección y cohesión de su identidad
cultural. En el caso de Bolivia, la valoración de las lenguas nativas radica
también en el carácter oficial que la Constitución Política del Estado le
otorga a las 36 nacionalidades y lenguas nativas, disposición que será
complementada con otras normas, encontrándose entre ellas un proyecto de ley
que dispondría que en un plazo de tres años los funcionarios públicos y
administradores de justicia aprendan y presten servicios en una de tales
lenguas nativas.
Finalmente, un aspecto que no debe soslayarse es el
relativo a que Perú y Bolivia, pese a la heredad común y a los estrechos e
históricos lazos socio-culturales, muestran sin embargo en la dimensión social de
las relaciones entre nacionales de ambos países, y en época reciente, algunas
situaciones contradictorias. La engañosa perspectiva que desde la sociedad de
consumo alimenta la imagen de dos Estado-Nación perfectamente individualizados
y diferenciados, contribuye a que se generen situaciones de cuasi conflicto, por ejemplo, en torno a manifestaciones culturales
que ambos países comparten desde siempre (en torno al baile, el traje y la
máscara de “La Diablada”, por ejemplo) pero que uno de ellos “reclama” como
exclusiva; o bien que en ciertos sectores de la sociedad urbana en La Paz/El
Alto, y en parte también en Santa Cruz, se estigmatice al ciudadano peruano, al
que se identifica como un delincuente real o potencial; o, finalmente,
alusiones a una supuesta superioridad de “lo boliviano” frente a “lo peruano”
que sólo alimenta vanidades personales y de ciertos grupos de interés. Ello
dice mucho de la necesidad de comprometer iniciativas consistentes entre ambos
gobiernos para erradicar estas manifestaciones socio-culturales distorsionantes
que operan como superestructuras ajenas a nuestros intereses comunes, empañando
lo que debe ser un camino de pleno
entendimiento entre ambos pueblos y gobiernos, orientado a la construcción de
fuertes vínculos de cooperación y de integración que nos aseguren un futuro de
interdependencia y de bienestar compartido.
No está demás señalar que la superación de estas
situaciones tiene mucho que ver con el desequilibrio jerárquico entre los
espacios fronterizos. Así, el Perú, más allá de las iniciativas de cooperación
e integración bilateral y fronteriza con Bolivia, tiene que desplegar un
intenso esfuerzo para “integrar” Puno al resto del país: potenciar su región
fronteriza; hacer del eje urbano Puno – Juliaca, un par de ciudades debidamente
fortalecidas en su disponibilidad de servicios para la actividad económica
moderna; en atender las demandas sociales de la población, especialmente la que
habita en los sectores más altos y apartados del altiplano y los propiamente
fronterizos; y en su capacidad de generar empleo formal; todo ello abandonado
por el “país oficial” para el que esa región prácticamente no existe. Esa será
la base para alcanzar un equilibrio en las relaciones sociales, culturales y
económicas a escala regional-fronteriza, en donde, el gigantismo y la
importancia de primer orden de la aglomeración urbana La Paz / El Alto, de cara
a la relación con Perú a través de la región de Puno, se impone y contribuye a
alimentar las percepciones equivocadas a las que se ha hecho referencia.
Institucionalidad
y autonomías: dos temas medulares en la Bolivia contemporánea
Para entender cabalmente a Bolivia desde el Perú, hay que
hacer una referencia a la institucionalidad pública y a algunas políticas del
actual gobierno orientadas a construir un país más integrado y en el que los
distintos grupos sociales tengan una mayor autonomía para decidir su destino
colectivo, proceso que, a la inversa de la institucionalidad pública moderna, en
buena parte se apoya en el caso de Bolivia en las instituciones heredadas del
pasado prehispánico.
Debe partirse de reconocer que Bolivia es un país con una
institucionalidad pública escasa. Por un lado, hay muchos temas que deberían
ser materia de competencias públicas y que no están adecuadamente cubiertos por
la institucionalidad existente (renta interna, seguridad pública, seguridad
social, por señalar algunos). Cuando existen los organismos competentes, muchas
veces la escasa capacidad de los funcionarios, los exiguos presupuestos
públicos y la gran dimensión geográfica de un país escasamente poblado, hace
que la presencia y labor de tales organismos tenga muy poco impacto. Sumado lo
anterior a la ubicación de Bolivia en el corazón del continente, el rol
estratégico que podría cumplir como articulador eficiente de los tráficos
regionales, se ve relevado, más bien, por el de un país con fronteras muy
vulnerables a actividades como el contrabando, el tráfico ilegal de
estupefacientes, migración ilegal, entre las principales. Por lo demás, una deficiencia de la
administración del Estado en Bolivia es que, a cada cambio de gobierno, los
funcionarios son relevados “de rey a paje”, de modo que no existe la carrera
pública, pero, lo más grave es que se pierde un bagaje de información y de
capacidades construidas para volver a empezar casi de cero, lo que resulta en
un costo sumamente gravoso para un país de escasos recursos y de necesidades
urgentes.
En ese contexto, en febrero de 2009, junto con la
promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, se creó el
Ministerio de Autonomías, cuya misión es el fortalecimiento de la democracia
participativa mediante la profundización de la descentralización y la
implementación de las autonomías. La meta es el fortalecimiento de las
autonomías locales representadas por 327 municipios; la instauración de
autonomías departamentales en aquellos departamentos que opten por no continuar
en el sistema descentralizado, es decir, por una transferencia de atribuciones
y recursos desde el gobierno nacional; y la creación de nuevas autonomías “indígenas
originario campesinas” y regionales, capaces de gestionar su propio desarrollo
en el marco de un estatuto autonómico que ellas mismas aprueben. Este proceso
debe concluir con la conformación de nuevas entidades territoriales, de modo
que, por ejemplo, un agrupamiento de comunidades campesinas que así lo deseen podrán
acceder a una determinada categoría
político-administrativa próximamente. Del mismo modo, varias provincias o
municipios dentro de un departamento, que decidan autonomizarse, podrán
alcanzar la categoría de “región” en tanto aprueben su estatuto y éste sea
validado por una ley del Congreso. Este proceso guarda muchas diferencias con
el de descentralización en el Perú, en donde los “gobiernos regionales”
actualmente en funciones son –por lo menos formalmente- un paso previo a la
conformación de regiones conformadas por la agregación de varios departamentos,
en el marco de una estrategia de descentralización y de desarrollo regional que
asume que el departamento no tiene la dimensión ni capacidad para funcionar
como una entidad geo-económica relativamente autónoma. Tratándose de un proceso
reciente, no se tiene la certeza de cuánto podrán las autonomías en Bolivia
contribuir al proceso de descentralización del país, al autogobierno
responsable y a la obtención del bienestar para la población de tales entidades
autonómicas, pero en lo que sí hay certeza es que, en este marco, el mapa
político del país puede sufrir cambios sustanciales en el mediano plazo.
Mientras tanto, las actuales gobernaciones departamentales (equivalentes a los Gobiernos
Regionales –GORE- en el Perú) y los municipios, incrementan constantemente sus
ingresos gracias al crecimiento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)
y la renta petrolera; sin embargo, de manera similar a como ocurre en el Perú,
estos organismos tienen en caja y bancos el equivalente a muchos millones de
dólares, lo que sería indicativo de una deficiente capacidad de gestión.
Un esfuerzo por lograr avances en la institucionalidad
pública y hacer sentir la presencia del Estado en las regiones fronterizas, es
la creación en junio de 2010 de la Agencia para el Desarrollo de las
Macroregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF), encargada de promover e impulsar el
desarrollo estratégico, económico y social, de estos territorios de forma
articulada a los planes y políticas públicas. En cumplimiento de sus
atribuciones, ADEMAF ha propiciado la formulación y conducido la validación de
un “Plan de Desarrollo Amazónico” el mismo que está esperando la aprobación del
Ministerio de Planificación del Desarrollo –del que ADEMAF es un organismo
adscrito- para ser promulgado mediante la norma legal pertinente.
Adicionalmente, en abril de 2011 Bolivia aprobó la ley de Desarrollo y Seguridad
Fronteriza, que tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades
institucionales para lograr un mejor
dominio estatal del territorio de frontera, promover el control efectivo de
actividades ilícitas y establecer mecanismos de prevención, control y lucha
contra el contrabando e ilícitos en frontera. Dicha ley otorga a la ADEMAF
funciones adicionales vinculadas a su objetivo, y ella ha empezado a actuar en el marco de esas
nuevas atribuciones con el apoyo de las fuerzas armadas y otros órganos del
ejecutivo, por ejemplo, mediante la incautación de madera extraída ilegalmente
en la región fronteriza amazónica o a través de la intervención de operadores
mineros clandestinos en la zona de las nacientes del río Suches, en la frontera
con el Perú, o mediantes campañas de salud pública en poblaciones ribereñas
amazónicas. Otras acciones impulsadas por ADEMAF sobrepasan el criterio de
sentar soberanía en las fronteras o desarrollar medidas asistenciales a favor
de la población allí asentada; entre éstas, destaca el establecimiento de una
Empresa Pública Fluvial de Transporte que atenderá con el servicio de transporte
de pasajeros y carga en los cuatro ejes fluviales amazónicos priorizados: los
ríos Madre de Dios-Madera, Beni, Ichilo-Mamoré e Iténez. En algunos casos, la
participación de ADEMAF con apoyo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el
contrabando, ha llevado a incidentes con el Perú y otros países vecinos que
tienen que ver con la probable incursión en territorio de esos otros por países
por parte de esos efectivos militares bolivianos.
No obstante, estas nuevas responsabilidades de la ADEMAF no
contemplan la participación de la cancillería boliviana en el Consejo para el
Desarrollo Fronterizo y Seguridad establecido para dicho propósito, lo que llevaría
a entender que el gobierno de Bolivia
habría decidido trabajar independientemente los dos niveles de comprensión del
proceso fronterizo: uno que asume a las fronteras como espacio de encuentro
privilegiado y de interés compartido con los países vecinos, en el marco de los
compromisos tanto bilaterales como a nivel de los procesos de integración (Comunidad
Andina) y de cooperación (Tratado de la Cuenca del Plata) en los que la
Cancillería sí tiene un papel rector; y, otro que las reconoce como un lugar de
ejercicio exclusivo por parte del Estado de su soberanía territorial, asociado
fundamentalmente a las nociones de seguridad nacional y asistencia social.
LA CIUDAD Y EL CAMPO
El sistema de ciudades
En todo país, el sistema urbano es el armazón o el
“esqueleto” del sistema espacial nacional. Concentra las actividades
secundarias y especialmente los servicios. Las ciudades organizan y gobiernan
el espacio que las rodea a través de mallas o redes, algunas de ellas tangibles
(carreteras, vías férreas) y otras virtuales (“redes” de telecomunicaciones,
financieras, de tráfico aéreo), lo que convierte a las ciudades en el sub-espacio central.
La red urbana o el sistema de ciudades en Perú y Bolivia ha
nacido de dos generaciones de ciudades: la andina, de ciudades encargadas
históricamente de administrar el territorio y sus actividades económicas,
escasas o puntuales vistas desde una perspectiva contemporánea; y, las del
llano oriental en Bolivia o las de la costa en el Perú, más recientes, ligadas
a la economía de plantación (arroz, algodón, caña de azúcar, soya) y al
comercio exterior de esos productos, con un desarrollo vinculado a los
distintos ciclos especulativos relacionados a los mismos. Lo común a ambos
tipos de ciudades es que a partir de ellas se difunden los valores e
innovaciones de la civilización urbana e industrial; asimismo, se asegura el
control territorial a través de las redes de transporte, de servicios, y la
distribución de bienes.
Por lo demás, pese a que cada centro urbano organiza un
espacio periférico, el espacio urbano, en general, está imperfectamente
jerarquizado en ambos países, situación que es más grave en el Perú que en
Bolivia. Así, mientras que en este último país funciona un triángulo urbano de
primer orden conformado por La Paz – Cochabamba – Santa Cruz, que tiene
características espaciales, socio-culturales y económicas bastante equilibradas[7];
en el Perú, Lima es la metrópoli nacional, pero jerárquicamente, por debajo de
ella, no hay ciudades que cumplan a cabalidad el rol de metrópolis regionales:
Arequipa, la segunda ciudad del país, mil kilómetros al sur, tiene diez veces menos
población que Lima, en el contexto de un sistema urbano muy desequilibrado
espacialmente y donde casi todas las otras ciudades de segundo o tercer rango,
son ciudades costeras.
En la proximidad de la frontera altiplánica entre los dos
países, el eje urbano Puno / Juliaca en el Perú - La Paz / El Alto[8]
en Bolivia, es el principal espacio de articulación actual entre las dos
sociedades y economías nacionales. Sin embargo, como ya fue señalado, mientras
que La Paz es la metrópoli nacional boliviana, con atribuciones
multifuncionales, Puno y Juliaca constituyen en el Perú ciudades de tercer
rango dentro de la jerarquía urbana, con
roles básicamente administrativos
ejercidos sobre una periferia poco extendida. Ello debe constituir una
invitación para que, en una perspectiva de integración peruano-boliviana, se fortalezca
la base urbana del sistema espacial de Bolivia y el Perú en el altiplano
fronterizo, favoreciendo, de lado peruano, la mayor articulación,
especialización y complementación entre Puno y Juliaca, y la intensificación de
sus nexos económicos con Arequipa y los
puertos de Matarani e Ilo; de lado boliviano, además de La Paz / El Alto
podrían ser incorporados dentro de este circuito urbano, las ciudades de Viacha
y Achacachi, esta última, hacia el lado norte del Lago, pero cuyo rol
estratégico a potenciar es el de
constituir la puerta de acceso a las áreas de piedemonte oriental y de
la amazonía del norte del departamento de La Paz. En esa perspectiva, Achacachi
cumpliría, por un lado, un papel de ciudad-encrucijada equivalente al de
Juliaca en el Perú (que opera como la puerta de acceso a los valles tropicales de
Inambari y Tambopata), mientras que, por otro, se consolidaría un circuito
urbano en torno al Lago Titicaca que facilitaría las dinámicas de intercambio
entre espacios complementarios: altiplano de los dos países con la amazonía y
altiplano con las regiones costeras y puertos del sur del Perú.
Mención específica merecen las poblaciones de Desaguadero,
peruano y boliviano, establecidas a lado y lado de la línea fronteriza común,
donde ésta es fijada por la naciente del río Desaguadero. En realidad, no se
trata, en ambos casos, de entidades urbanas que cumplen funciones al servicio
de su población y las personas en tránsito por ellas, sino que básicamente operan como un “punto de
encuentro” entre actores económicos y sociales de ambos países que en el marco
de la “feria fronteriza” que allí se realiza los días martes y viernes,
practican intercambio de productos originarios de ambos países y de terceros a
través de operaciones comerciales en parte registradas, pero mayormente de
comercio no registrado o de abierto contrabando. Con ello no sólo se
distorsiona el sentido de las tradicionales ferias andinas que funcionan como
lugar de intercambio de los excedentes agrícolas o pecuarios de campesinos que
habitan y producen en ecosistemas complementarios, y que se realizaban en el
pasado casi exclusivamente bajo el sistema de trueque, sino que se genera un
arbitrario obstáculo al intercambio comercial regular, bilateral. El resto de
la semana, ambos Desaguadero se convierten, más allá del tráfico comercial
internacional, virtualmente en poblaciones fantasmas, lo que confirma su
carácter distorsionador del intercambio comercial registrado, fronterizo y
bilateral, mientras que este último se canaliza desde abril de 2018 por el
Centro Binacional de Frontera (CEBAF) de Desaguadero, ubicado en territorio
peruano, pasando a/desde Bolivia a través del Puente Internacional de Carancas,
sobre el río Desaguadero.
En la frontera amazónica, la construcción y habilitación
del Corredor Vial Interocéanico Sur, el 29 de diciembre de 2010, articula la
frontera suramazónica del Perú con la amazonía de Brasil y Bolivia y de estos
países con el resto del Perú y particularmente con su región sur, abre oportunidades
para concretar también un espacio de integración trinacional organizado en
torno al eje urbano Puerto Maldonado (Perú) – Cobija (Bolivia) – Río Branco
(Brasil), cuyo potencial está todavía por ser descubierto en su verdadera
dimensión. Mientras tanto, Puerto Maldonado y Cobija, con 85.000 y 50.000
habitantes aproximada y respectivamente, son dos ciudades pequeñas, de reciente
crecimiento, favorecido en el primer caso por la dinámica introducida en su
entorno por actividades como la minería aurífera aluvial, en su mayor parte
ilegal; la extracción de castaña y de madera; y el turismo ecológico. En el
caso de Cobija, el régimen de zona franca comercial (ZOFRACOBIJA) establecido
para esa ciudad en 1983, ha sido decisivo para su crecimiento, dado que de la
otra ribera del río Acre, que establece en ese sector el límite entre Bolivia y
Brasil, se encuentran ciudades brasileras cuyos habitantes tienen un estándar
de vida más elevado pero un sistema económico-comercial con muy poca apertura a
la competencia de productos procedentes del exterior, razón por la cual se
constituyen en los principales clientes de ZOFRACOBIJA.
El espacio rural vinculado a los mercados urbanos
Son aquellos segmentos territoriales reconocidos como de
“economía moderna”, cuya dinámica depende estrechamente del modelo
urbano-industrial y de los mercados tanto interno como externo, dado que parte
importante de su producción va destinado a ellos. Por otro lado, estos
sub-espacios son consumidores o usuarios de los bienes y servicios que
proporciona el sub-espacio urbano.
En los sub-espacios de la periferia activa, las redes de
transportes y comunicaciones son densas y tienen alta accesibilidad. Los
procesos de producción de bienes son variados y muchas veces tienen un alto
componente tecnológico (uso de pesticidas y fertilizantes en la agricultura de
agronegocio; ganadería estabulada; gran minería) que frecuentemente afecta la
integridad de los ecosistemas donde operan. El régimen salarial es la relación
social de producción dominante y generalmente tienen un fuerte crecimiento
demográfico que se alimenta, en parte, del éxodo rural de las regiones más
pobres.
En Bolivia, está tipología de espacios estaría representada
por los valles andinos, en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y
parcialmente Tarija, que ofertan productos agrícolas, avícolas y pecuarios para
los mercados de las grandes ciudades del país; por las áreas de ganadería
extensiva en las llanuras del Beni; por las zonas de producción soyera,
algodonera, azucarera y de otros productos del departamento de Santa Cruz; por la gran minería metálica
en Oruro y Potosí; y por las áreas de producción gasífera y petrolera en los
departamentos de Tarija y Santa Cruz; entre las principales.
En la frontera con el Perú, podría decirse que los espacios
adyacentes al eje urbano La Paz – El
Alto – Desaguadero, y su continuación en territorio peruano hacia Puno y
Juliaca (la ribera sur del Lago Titicaca) son, gracias a su proximidad y
eficiente articulación con La Paz, y desde Puno-Juliaca con la región
sur-peruana, espacios en proceso de consolidación como parte de la periferia
activa en ambos países, por lo menos en el sector ribereño lacustre. Lo mismo
puede decirse de las zonas en torno a los ejes viales que articulan La Paz,
hacia el este, con los yungas (Chulumani en el altiplano; su proyección hacia Sorata,
en el piso medio andino; y con Mapiri y Apolo, ya en la selva alta). Según
información revisada por este blogger,
la zona de Apolo tendría una filiación petrolera, lo que de confirmarse y en
tanto sea explorada y explotada, le cambiaría el rostro económico a esta zona
de frontera de selva alta con el Perú y la configuraría como un espacio de la
periferia activa boliviana.
En la región de frontera amazónica, la culminación, a
inicios de la presente década, de la Carretera Interoceánica que articula el
sur del Perú con el interior continental y concretamente con la red vial
brasilera a partir de Iñapari-Assís Brasil, también puede beneficiar la pronta
incorporación de las circunscripciones bolivianas cercanas al límite con el
Perú a una tipología de espacios de la periferia activa, siempre que se
concreten algunos tramos viales en territorio del departamento boliviano de
Pando que empalmen con la Interoceánica (principalmente la carretera Cobija -
Extrema, actualmente un camino de tierra cerrado al tráfico durante la estación
de lluvias, incluyendo los centros de atención a los tráficos en frontera
(CEBAF u otro tipo de instalación de control fronterizo).
El espacio rural aislado y empobrecido
Se trata de las regiones tradicionales o marginales, en las
que el poblamiento indígena es más denso o predominante, y en donde las formas
de relación social y económica ancestrales o introducidas durante la colonia
han persistido con mayor intensidad, si bien éstas últimas, con los procesos de
reforma agraria llevados a cabo tanto en
Perú como en Bolivia, la mayor aunque todavía débil presencia del Estado y, en
general, gracias a los avances de la “modernidad”, casi han desaparecido en
ambos países (formar de propiedad y de vínculos laborales tales como el
latifundismo o la servidumbre).
Estos sub-espacios comprenden una buena parte de las
tierras andinas de ocupación humana muy antigua y algunas áreas amazónicas
todavía muy aisladas y ocupadas por comunidades nativas. En estos subespacios,
la autosubsistencia sigue siendo predominante, de modo que la economía
monetaria puede ser menos importante que el trueque en los mercados o ferias
locales o campesinas. Las técnicas de producción son ancestrales y las
relaciones de producción se organizan en torno a la comunidad campesina en los
Andes (heredera del ayllu incaico y de las reducciones introducidas durante la
colonia) o la comunidad tribal en la amazonía. En la comunidad campesina (los
“comunitarios” en Bolivia) persisten las prácticas de trabajo colectivo (minka,
ayni) mientras que se mantienen intercambios escasos con el exterior a ella, en
un contexto en el que el idioma español puede ser escasamente usado. En una
dimensión económica, en estos subespacios coexisten o superviven modos de
producción a la vez precapitalistas, por la antigüedad de las prácticas
heredadas y la cohesión cultural del grupo social; como pericapitalistas, por
las tenues relaciones económicas
existentes con el resto del espacio nacional.
En los Andes peruanos, esta tipología de espacios está
presente en grandes sectores de los departamentos que hacen parte del así
llamado, en décadas pasadas, “Trapecio Andino” (Ayacucho, Huancavelica,
Apurimac, Cusco, Puno y sierra de Arequipa);
mientras que en Bolivia hacen parte de él las áreas rurales del
altiplano del departamento de La Paz (incluyendo el sector a gran altura sobre la
ribera norte del Lago Titicaca), y las de los departamentos de Oruro y Potosí
que se encuentran alejadas de los principales ejes viales. En la amazonía
peruana, las provincias de Condorcanqui (Amazonas), Atalaya y Purús (Ucayali);
y en la amazonía boliviana, las provincias de Manuripi (Pando), Moxos, Yacuma e
Iténez (Beni) y José Miguel de Velasco (Santa Cruz); casi totalmente aisladas
por tierra del resto de los respectivos países y con una muy baja densidad
poblacional, también configuran un ejemplo de pertenencia predominante a este
subespacio.
LA ECONOMÍA
Las
principales características de la economía boliviana
Teniendo como marco
general la pequeña dimensión del mercado nacional, el todavía bajo nivel del
ingreso promedio de la población y el énfasis en la utilización de los recursos
públicos para ser destinados a programas sociales, la economía boliviana
muestra, sin embargo, progresos significativos. Así, entre el año 2005 y 2008,
el PIB real creció sostenidamente por encima del 4 %; luego de la crisis
internacional de 2009, el 2010 el PIB creció en 3,77 %, proceso en el que los
precios internacionales altos para las materias primas que el país exporta está
jugando un papel importante. Este crecimiento básicamente se sigue sosteniendo
y alcanzó 4,7 % el 2018 y se espera que
el año 2019 se aproxime al 5,0 %.
Según actividades
económicas, la composición del PIB boliviano para 2017 fue de 11,59 % para
agricultura, silvicultura, caza y pesca; 10,77 % para minería, petróleo y gas;
10,49 % para industria manufacturera; 9,29 % para transportes y comunicaciones;
y, 57,86 % para electricidad, gas, construcción, comercio y servicios que
incluye un elevado 15,47 % para servicios de la administración pública. Por su
parte, el PIB peruano para ese mismo año y también de manera desagregada por
rubros, representó, respectivamente, el 5,3 %, 13,9 %, y 12,4 % para los tres
primeros mencionados para el caso boliviano, así como el 5,78 % del PIB en la
construcción, 10,8 % en el comercio y 49,5 % en otros servicios, de donde
destaca el mayor peso en la economía que proporcionalmente tienen actividades
como la industria, electricidad, construcción, comercio, transporte y todo el conjunto
de los servicios en el Perú.
La buena salud de
la economía boliviana está confrontando problemas en los últimos años en cuanto
a la inversión pública debido a la supuesta conclusión de los ventajosos
contratos de venta de gas que tiene este país con Brasil y Argentina y a la
caída de los precios de los commodities
mineros por los ingresos por estos conceptos ha pasado rápidamente de los US$ 2.200 millones
del año 2010 a US$ 1,035 en 2018. Sin embargo, según fuentes oficiales, en el
marco de los contratos de venta de gas con Argentina y Brasil, aún quedan 1,7
trillones de pies cúbicos (TCF) por exportar a Brasil, lo que garantiza la
venta de gas hasta el año 2024, mientras que con Argentina aún quedan por
exportar 3,7 TCF con lo que el contrato de venta con ese país se acabará recién
hacia 2026. Así mismo, la inversión
extranjera directa (IED) alcanzó el año 2010 US$ 619,9 millones, mostrando un crecimiento
de 23 % con respecto al año anterior, la misma que ha sido canalizada a
sectores tales como industria manufacturera, hidrocarburos, comercio, servicios
y minería, aunque en este último sector muestran una tendencia decreciente lo
que, según voceros empresariales, se debe a la inseguridad jurídica que se
presenta en el país producto del nuevo marco legal dispuesto por el gobierno
para esta actividad. Después de un pico del US$ 2.122 millones en 2014, la IED
alcanzó sólo US$ 1.180 millones en 2016. ¿Tendrá esto algo que ver con la
obsesiva aplicación del “socialismo del siglo XXI” que el presidente Morales
pregona a diestra y siniestra y que paraliza la ejecución de grandes proyectos
de inversión, en sectores de la producción pero también de infraestructura por
no aceptar la participación amplia en ellos del capital privado?. Por lo pronto
la deuda pública en moneda extranjera se ha quintuplicado respecto a 2007,
mientras que las reservas internacionales se encuentran por la mitad respecto
de su pico más alto de años anteriores recientes.
Cabe precisar que
el comercio bilateral peruano-boliviano ascendió en 2010 a US$ 790,6 millones
de los que el 51,2 % eran exportaciones bolivianas, mientras que ocho años
después, en 2018, el proceso se invirtió ya que el comercio bilateral alcanzó
los US$ 1.034 millones, de los que el 64,7 % fueron exportaciones peruanas a
Bolivia y el 35,3 % exportaciones bolivianas al Perú. Ellas están compuestas,
en el caso de exportaciones bolivianas, principalmente por minerales y metales
preciosos, soya y sus derivados, azúcar, leche, maíz, hilados de algodón y
alcohol etílico. Por su parte, el Perú exportó a Bolivia principalmente barras
de hierro, papel, manufacturas de plástico, detergentes, abonos, galletas,
perfumes y explosivos. Con esas cifras, el Perú se ha convertido para Bolivia
en su quinto socio comercial, lugar que responde a la importancia de sus
exportaciones a ese país. Sin embargo, debe precisarse que parte del flujo de
exportaciones de Bolivia al Perú, como la leche en polvo, por ejemplo,
corresponde a inversiones peruanas en ese país que luego retornan al mercado
boliviano con un mayor grado de elaboración (leche evaporada).
Las actividades
minera y de hidrocarburos: bases de la economía
Históricamente la economía boliviana, de manera similar a
la peruana, ha sido altamente dependiente de la actividad minera y, de hecho,
la relativa bonanza económica que vive el país se relaciona al precio
internacional de los minerales que exporta y también a los mayores ingresos que
recibe por sus exportaciones de gas a Brasil y Argentina luego de la asunción
de la presidencia por Evo Morales en 2006. Empleando solamente al 1,55 % de la
PEA del país, la minería, petróleo y gas
contribuye, sin embargo, con casi el 11,0 % del PIB nacional, cifra
indicativa de su alta competitividad y aporte a la economía.
Bolivia es un país rico en estaño, plata, plomo y zinc, con
yacimientos ubicados en la zona de la Cordillera Oriental o Real y que se
prolonga en el Perú sobre el sector al norte del Lago Titicaca, donde se
denomina Cordillera de Carabaya. Bolivia tiene depósitos mineros importantes, que a la fecha continúan
produciendo minerales de estaño en las minas de Huanuni, Llallagua y Chorolque;
yacimientos de plata como Potosí, famoso desde hace casi 500 años; yacimientos
de zinc en las minas de Colquiri, La Paz y Porco; grandes yacimientos de oro en
Tipuani, La Paz y Korikollo. Asimismo, en cuanto a minerales no metálicos,
Bolivia dispone de una reserva de importancia mundial de litio, potasio y
magnesio en los salares de Uyuni y Coipasa, pero que aún se encuentran en
estudios y en la definición de las mejores propuestas para su explotación. Por otra parte, en el departamento de Santa
Cruz, cerca de la frontera con el Brasil, Bolivia cuenta con el yacimiento de
hierro y manganeso de El Mutún, reputado como el mayor yacimiento de hierro del
mundo, cuyas reservas se calculan en 40.205 millones de toneladas de hierro, la
mitad de las cuales fueron materia desde 2007 de una inversión de riesgo
compartido entre el Estado boliviano y una empresa de capitales hindúes,
contrato que fue rescindido, entregándose la concesión a una empresa china,
pero para la producción de pellets y sólo 150 mil t/año de laminados de acero, escala
de producción muy reducida que resulta ser una suerte de proyecto-piloto
comparada con el contrato que se tenía con la empresa hindú que a partir del
año 2016 iba a producir 17,7 millones de
productos de hierro (pellets, hierro de reducción directa, acero) que necesariamente
iban a ser exportados en su gran mayoría, lo que iba a generar una enorme
demanda de medios de transporte sólo a partir de ese proyecto.
Por otro lado, en materia de hidrocarburos, Bolivia tiene
campos petroleros de relativa importancia en el departamento oriental de Santa
Cruz. Asimismo, cuenta con reservas de
gas natural y campos en producción en ese mismo departamento y en el de Tarija,
que mediante su explotación y transporte a través de un sistema de gasoductos,
es llevado a los principales mercados nacionales y exportado hacia Brasil
(gasoductos hacia Puerto Suárez y San Matías, con la venta en 2010 de 32
millones m3/día que se redujo a 22,3 MMmcd al 2017) y Argentina
(gasoducto hacia Yacuiba, por el que se trasladan 7,7 MMmcd, pero que con un nuevo
ramal de gasoducto a Madrejones permitió un crecimiento de las exportaciones a
partir de 2012 para llegar a 13 MMmcd, que en 2017 se ampliaron a los 19,2
MMmcd). La exportación de dicho gas se constituye en una de las principales
fuentes de ingreso del Estado boliviano, especialmente desde la renegociación
de los contratos con ambos países al inicio del gobierno del presidente Morales.
Las exportaciones gasíferas, petroleras y mineras de
Bolivia el año 2010, ascendieron a US$ 4.837 millones, lo que representó el
70,4 % de las exportaciones totales de dicho año. Siete años después, en 2017,
esas exportaciones ascendieron a US$ 4.879, es decir, casi el mismo valor,
representando el 62,19 % del total. Si bien minerales e hidrocarburos tienden a
disminuir progresivamente su participación en la “canasta” de productos que
exporta Bolivia, no dejan de reflejar la importancia del sector
minero-exportador para la economía de ese país pero, por otro, la tipifica como
todavía altamente dependiente del sector primario. En este contexto, una
pregunta que por el momento no encuentra respuesta en los niveles oficiales, es
si con los actuales compromisos de exportación de gas y vistos los niveles de
reservas probadas de 10,7 TCF, su industrialización es una posibilidad o sólo
una buena intención. La construcción de la planta petroquímica de Bulo Bulo, a
un costo de US$ 953 millones que produce úrea y amoniaco, concluida el año
2018, diera la impresión de que ello es posible. Sin embargo, las 2.100 t/día
de úrea que produce son exportadas por carretera casi íntegramente a Brasil,
mientras que el complejo petroquímico que preveía la construcción de un total
de seis plantas sigue siendo una buena intensión en un contexto en el que los
ingresos del fisco por exportaciones se van reduciendo significativamente y
parece no haber la intención por parte del gobierno de entregar grandes
proyectos productivos a manos de la inversión privada extranjera.
Agricultura de
subsistencia y agricultura de mercado
El sector agropecuario boliviano resume la complejidad y
heterogeneidad de un país en el que conviven la modernidad junto con las
costumbres y usos ancestrales; la economía de mercado con la economía de
subsistencia; la tecnología de punta junto con los recursos técnicos elementales.
La agricultura boliviana (agricultura, caza y pesca), no
obstante congregar al 36,0 % de la PEA del país, sólo aporta con algo menos del
12 % del PIB nacional, lo que da una idea de la baja productividad global del
sector. En el camino, hay que diferenciar la agricultura de subsistencia, que
tiene mayor vigencia entre las comunidades campesinas de la parte andina del
país, y principalmente del altiplano, en donde la productividad, asociada a la
carencia de medios tecnológicos, a las duras condiciones climáticas y a la
escasez de recursos agrícolas (suelo y agua), determina una productividad muy
baja. En las zonas más altas del altiplano, la agricultura ya no es posible o
tiene una productividad extremadamente baja, y entonces los habitantes del
campo se dedican a la ganadería de camélidos sudamericanos, mayormente de
llamas que, igualmente, tiene escasa productividad. Sin embargo, ese
campesinado es el “guardián” de los recursos genéticos que Bolivia y Perú han
entregado al mundo, como son los cultivos altoandinos (granos tales como el
maíz, la quinua, cañihua, kiwicha; tubérculos como la papa, olluco o papalisa,
oca, maca) y las especies de camélidos sudamericanos (llama y alpaca, que son
especies domesticadas; o la vicuña que mediante el chaco o chaku, puede ofrecer el beneficio de su fibra). En ese sentido, el
campesinado de los altos Andes en Bolivia y el Perú, tradicionalmente olvidados
por los respectivos Estados, merecen todo el apoyo de los gobiernos, tanto en
la perspectiva de mejorar sus condiciones de vida con apoyo tecnológico,
financiamiento, acceso a mercados, entre otros, como para garantizar que esos
recursos genéticos no se pierdan. No está demás señalar que teniendo Bolivia y
Perú el virtual monopolio en la producción de cultivos nativos altoandinos, lo
mismo que en el de ganadería de camélidos, las posibilidades de una cooperación
estrecha para optimizar el aprovechamiento de dichos recursos se presenta
sumamente auspiciosa.
Hay que señalar que en Bolivia se han obtenido ciertos
logros importantes con productos agrícolas nativos. El caso más relevante es,
sin duda, el de la quinua real, que es la variedad de quinua que presenta
características físicas y organolépticas que más aceptación tiene por los
consumidores; ello ha permitido el crecimiento sostenido de su demanda,
principalmente la internacional, y consecuentemente constituye un factor de
estímulo para su producción. Dicha quinua se cultiva exclusivamente en el
altiplano sur de Bolivia, en las comunidades circundantes a los salares de Uyuni
y Coipasa del departamento de Potosí y Oruro. El año 2010 se exportaron 15.557
TM de este producto por un valor de US$ 46,6 millones, principalmente a los
mercados de Europa, la que se estabilizado en torno a las 32 mil TM en años
recientes con un serio problema por la disminución internacional del precio que
llegó hasta los 6.000 USS por tonelada y en años como 2017 se cotizó en US$
2.200. En ese contexto, el Perú sigue siendo el principal exportador mundial de
quinua con 45,5 mil TM el año 2017 por un valor de US$ 106 millones.
En las regiones de los valles andinos (Sucre, Cochabamba) y
del llano oriental, especialmente en el departamento de Santa Cruz, la
agricultura está asociada a las demandas del mercado, tanto el nacional como el
internacional. En los valles andinos se siembra, dependiendo de los pisos
ecológicos, de la variable calidad de los suelos y de la disponibilidad de
agua, mayormente productos hortícolas, tubérculos y cereales como el maíz y
el trigo, y también se desarrollan productos de
granja (avicultura, productos porcinos). Sin embargo, productos agrícolas
procedentes del Perú, que reúnen los requisitos de mejor calidad y precio
competitivo, está determinando que ellos tengan cada vez mayor presencia en los
mercados urbanos y especialmente en el de la ciudad de La Paz. Según
estimaciones de la agregaduría comercial de la Embajada del Perú, alrededor del
70 % de los productos del campo que hacen parte de la canasta familiar de los
habitantes de la ciudad de La Paz, proceden del Perú e ingresan en el marco de
intensas operaciones de comercio no registrado que tienen lugar en la frontera
de Desaguadero. Algunos de los productos más transados son papa, zanahoria,
zapallo, cebolla, tomate, ají, al igual que muchas variedades de hortalizas, verduras,
granos, tubérculos y hasta fruta (mandarina, chirimoya, palta, entre otros). Como
parte de esos productos, el camote, que hace pocos años atrás era desconocido
en Bolivia, de un tiempo a esta parte está ganando presencia en la mesa y en el
gusto de los consumidores bolivianos.
En el llano oriental domina la agricultura de plantación,
aquella que se desarrolla en grandes extensiones, hace uso de recursos técnicos
intensivos (fertilizantes, pesticidas, mecanización), privilegia el monocultivo
y destina sus productos (soya, arroz, azúcar, algodón, sorgo, maíz, girasol) al mercado internacional
principalmente, todo lo cual exige una gestión empresarial eficiente que asegure
su alta productividad y competitividad.
Este es el modelo de agricultura que se encuentra en la base del despegue
económico de la región de Santa Cruz, a punto tal que, en el tiempo, la ha conducido
a afirmarse como el principal polo económico del país, representando el sector
agricultura de ese departamento, en valor, el 45 % del total nacional. El
modelo de plantación avanza ganando tierras sobre el bosque tropical y la
sabana por lo que el cambio de uso del suelo es, sin duda, la principal causa
de la deforestación en el oriente boliviano. En la frontera con el Brasil, las
plantaciones llegan a los mismos límites de El Pantanal, un ecosistema original
y particularmente frágil que, por esa misma razón, constituye un área natural
protegida con algo más de 29.000 km2 que la configura en la segunda
área protegida de mayor superficie en el país. La frontera agrícola de Santa
Cruz ocupa 1,85 millones de hectáreas, lo que equivale más o menos al 40 % de
la superficie agrícola de todo el Perú. Sumado al dato del valor económico de
esta producción arriba mencionado, ello puede dar una idea de la importancia de
esta actividad departamental para la economía boliviana en su conjunto. Santa
Cruz está situada a mitad de camino de las fachadas marítimas del Atlántico y
del Pacífico, por lo que los commodities que
ofrece esta región a los mercados internacionales necesita incorporar el mayor
valor agregado posible dada la complejidad y alto costo de las operaciones de
transporte; por eso las exportaciones agrícolas de Santa Cruz, salen como
productos con valor agregado: torta, aceite y harina de soya; azúcar blanca
refinada; alcohol etílico; utilizando principalmente la Hidrovía Paraná –
Paraguay, salvo las que tienen como destino el Perú y las que se dirigen a mercados
de la cuenca del Pacífico, siendo que estas últimas preferentemente salen por
el puerto de Arica. En conjunto, los productos mencionados alcanzaron el 2010
un valor de exportación de US$ 578 millones y US$ 885 en 2017, lo que
representa más de la tercera parte de la exportación de productos con valor
agregado bolivianos.
El oriente boliviano es también la región más importante
del país en lo que respecta al desarrollo de la ganadería bovina. Los 6,5
millones de cabezas de ganado vacuno con que cuenta este país, se encuentra
principalmente en los departamentos de Beni y Santa Cruz y representan casi 30 %
más que el hato de ganado bovino con que cuenta el Perú siendo el nuestro un
país que tiene tres veces más población y un PIB 5,5 veces mayor. En ese
contexto, las exportaciones de carne de Bolivia al Perú son siempre una
posibilidad latente, sujeta básicamente a las inversiones en los equipos
necesarios (cámaras para transporte en frío), la disponibilidad de
infraestructura y medios de transporte, y el cumplimiento de las disposiciones
sanitarias.
El desarrollo industrial y los
factores de freno
La industria manufacturera boliviana
aportó en 2009 el 17,1 % del PIB nacional, pero sólo el 10,5 % en 2017,
reducción de su participación en el PIB que tiene que ver básicamente con el
crecimiento de otros sectores como el de hidrocarburos y gas. En general se
trata de un sector todavía pequeño, desarrollado en rubros que no tienen una
gran complejidad tecnológica y, en lo sustantivo, adecuada a la dimensión del
mercado interno. La principal rama desarrollada es la industria alimenticia y
algunas líneas de bienes de consumo duradero, que con la amplitud y desatención
de las fronteras terrestres por las que ingresan muchos productos de
contrabando, está en permanente competencia con la equivalente de prácticamente
todos los países fronterizos y aún de otros de la región y del mundo.
En décadas recientes algunas líneas de
producción están empezando a proyectarse a los mercados internacionales, siendo
uno de los que ha ganado más participación la soya y sus derivados, así como
algunas líneas de confecciones textiles; en relación a esta última, las
facilidades comerciales que otorga Venezuela a los países miembros de la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), permitió que
Bolivia exporte confecciones a ese país durante el año 2010 por un valor de US$
55 millones, mientras que en ese mismo período las exportaciones a Estados
Unidos en ese rubro sólo llegaron a US$ 35 millones. Pero en la actual
coyuntura venezolana, es muy difícil suponer que este proceso mantenga su
dinamismo.
En el rubro de la industria alimenticia,
que representa por sí solo el 6,1 % del PIB boliviano, existen en este país
varias plantas de aceite comestible, ingenios azucareros, destilerías y
cervecerías; también funcionan varias unidades medianas y grandes en los
subsectores de frigoríficos, fábricas de lácteos, plantas embotelladores de
refrescos y plantas procesadoras de cereales. Por otra parte, grandes fábricas
procesan soya, girasol y semillas de algodón, así como azúcar de caña, las que
se ubican principalmente en Santa Cruz, aunque una de las más grandes
refinerías de aceite comestible opera en Cochabamba. Cabe reiterar que en el
desarrollo de estas industrias de bienes de consumo o de bienes intermedios
procedentes del agro, Bolivia está apuntando cada vez más al mercado de
exportación, dado lo reducido del mercado interno y el alto potencial que este
tipo de industrias todavía tienen para seguir creciendo en función de la
demanda de los mercados del exterior.
En cambio, la industria pesada o básica
apenas está empezando a desarrollarse; sin embargo, posee un gran potencial,
dado el hecho de que Bolivia es un gran productor de productos mineros y de
hidrocarburos que tradicionalmente se han exportado como commodities. En el marco de una estrategia liderada por el Estado,
Bolivia está desarrollando la industria metalúrgica, siderúrgica y
petroquímica, todas de gran complejidad tecnológica, demandantes de grandes
volúmenes de materias primas y energía, y que requieren igualmente inversiones
cuantiosas. Sin embargo, el gobierno se muestra reticente a llevar adelante
asociaciones estratégicas (joint ventures)
entre el Estado boliviano e inversionistas internacionales, como ya fue
señalado anteriormente.
Sin embargo, en cuanto a la
industrialización del litio, Bolivia, en asociación con una empresa china,
pondrá en octubre de este año, según lo previsto, una planta de producción de
15.000 TM/año de litio en la perspectiva de producir conjuntamente baterías
recargables de ese metal, ampliamente utilizadas por computadores portátiles,
teléfonos móviles y automóviles eléctricos.
En materia de desarrollo industrial,
puede señalarse que Bolivia ha adoptado una estrategia, consistente en agregar valor a sus
importantes recursos naturales estratégicos a través del desarrollo de la
industria de base con una activa participación del Estado como ya fue señalado,
de manera de, a través de la exportación de sus productos, generar mayores
ingresos para el país y aliviar la dependencia y altos costos que significa
exportar commodities con poco valor
por unidad de peso, tratándose de un país interior, sin puertos ni litoral
marítimo. En cuanto a la industria de bienes de consumo, su crecimiento y
diversificación dependerá del ritmo de crecimiento del mercado interno
vinculado, a su vez, al incremento gradual del nivel adquisitivo de su
población.
EL
SISTEMA DE TRANSPORTES: ESENCIA DEL DESENCLAVE TERRITORIAL
Para un país de gran extensión
superficial, de baja densidad de población y mediterráneo como Bolivia, el
desarrollo de una adecuada infraestructura y servicios de transportes resulta
vital, tanto en la perspectiva de la necesaria integración nacional como de su
“aproximación” a los mercados internacionales, a los que debe llegar
competitivamente con sus productos, la mayoría de los cuales seguirán siendo
colocados en ellos como materias primas o bienes intermedios todavía por muchos
años más, lo que exige de la disposición de medios de transportes económicos y
eficientes.
La red de carreteras es fundamental para
la articulación del país y para llevar iniciativas de desarrollo a todos los
puntos de la geografía boliviana; también es importante para acercar las áreas
de producción con las de consumo y para otorgarle cohesión territorial a un
vasto territorio poco poblado. La densidad vial que era bastante baja hasta
mediados de la década pasada, sumando en total 67.076 km de las que sólo el
8,04 % eran asfaltadas, ha pasado a incrementarse en los 12 años que lleva el
gobierno del presidente Morales con inversiones por 7.377 millones de US$ que
han permitido la construcción de 5.389 km de vías pavimentadas, algunas de
ellas con el carácter de autopistas, como la vía La Paz – Oruro de 203 km de
longitud. Otra carretera pavimentadas importante es la vía La Paz - Santa Cruz,
que conecta, como puntos intermedios, las ciudades de Oruro y Cochabamba. Esta
vía troncal tiene ramales pavimentados: en el extremo oriental de Santa Cruz,
hasta Puerto Quijarro, paralelamente a la vía férrea que lleva a esta localidad
fronteriza con el Brasil. En el sector occidental, hasta el Lago Titicaca
(Desaguadero y Copacabana) y Santa Bárbara en la ruta de los yungas. Otras
carreteras pavimentadas son las que vinculan las ciudades de Potosí y Sucre,
Oruro y Potosí, y la de Patacamaya - Tambo Quemado, que provee acceso al Puerto
de Arica en Chile; así mismo, la vía Santa Cruz - Abapó - Camiri – Yacuiba -
Pocitos, que lleva a la frontera oriental con Argentina. Recientemente se están
avanzando carreteras hacia el sector nororiental del país, en el departamento del
Beni y en el norte, en Pando, departamentos que hasta el pasado reciente se
encontraban prácticamente incomunicados por tierra.
Constituyendo el eje urbano La Paz –
Cochabamba – Santa Cruz, “el espacio central” boliviano, el centro de
gravitación o “nodo” actual de la infraestructura de transportes por carretera
de este país se ubica en el sector Oruro – Patacamaya, lo que juega a favor de
los puertos del norte chileno y especialmente de Arica, que queda a una distancia
de escasamente 430 km desde Patacamaya. Desde una perspectiva peruana que
propicie una mayor integración con Bolivia y el uso de los puertos del sur del
país (Ilo, Matarani), ello debe interesar al Perú a promover las inversiones en
infraestructura vial que estimulen, por un lado, que el eje más eficiente de
articulación transversal, de este a oeste, del espacio económicamente activo
boliviano, se desplace hacia el norte, a la latitud de un sector sobre la
frontera boliviano-peruana y no quede estacionado en las proximidades de la
frontera boliviano-chilena como ocurre actualmente. La conclusión de la
carretera Interoceánica Sur en el sector de los departamentos de Madre de Dios
y Puno es, en ese sentido, un importante avance ya que propiciará la
configuración de una suerte de “servidumbre de paso” a través del Perú, que
vinculará Cobija, capital de Pando, actualmente aislada por tierra del resto de
Bolivia, con La Paz, facilitando, además, la salida de los productos de
exportación de los departamentos
amazónicos de Pando y Beni por los puertos del sur peruano. En el marco de estrategias
orientadas a ofrecer servicios a precios competitivos a los tráficos, estas
vías contribuirán sustancialmente a desplazar hacia el norte el centro de
gravitación de la red vial boliviana. Sin embargo, al igual que en el Perú, las
carreteras en la amazonía plantean la oposición de grupos ambientalistas,
pueblos indígenas y otros sectores de opinión, quienes señalan que algunas de
ellas no toman en cuenta la consulta previa,
el consentimiento libre, la autonomía de los pueblos indígenas sobre su
territorio, ni tampoco la sostenibilidad ambiental, todo lo que iría en dirección
contraria del paradigma del “Vivir Bien” y de la “Defensa de la Madre Tierra”,
que son principios enarbolados por el actual gobierno.
Adicionalmente, es necesario aproximar
el nodo vial boliviano (Patacamaya – Oruro), por el que fluye el grueso de los
actuales productos de exportación de este país, al puerto de Ilo. En esa
perspectiva la conexión vial existente Ilo – Desaguadero – La Paz alarga las
distancias desde territorio boliviano a dicho puerto, haciéndolo quedar en una
posición excéntrica para los principales tráficos de exportación, actuales y
previsibles hasta el horizonte del mediano plazo, procedentes de ese país. Por
ello, es importante dinamizar la conclusión de la carretera asfaltada Tacna – (Collpa)
- La Paz, muy avanzada en el sector peruano, y que la región de Tacna maneja
como un proyecto emblemático en su propósito de “acercarse” a ese mercado
importante para sus productos y oferta de servicios que representa la ciudad de
La Paz/El Alto. Sin embargo, en dirección al empalme desde el Perú (Collpa) a
Bolivia (Thola Kollo), Bolivia se encuentra muy rezagada pues la vía sólo llega
hasta Nazacara, a 100 kilómetros de la frontera con el Perú.
En la perspectiva de acercar las áreas
productoras y exportadoras de Bolivia a puertos del sur peruano, tendría que
construirse un desvío que desde Patacamaya pase por Coro Coro y empalme con la
vía Tacna – La Paz en un punto cercano a Thola Kollo. Con estos nuevos tramos
de infraestructura vial, el Puerto de Ilo se pondría aproximadamente a 445 km de
distancia del nodo vial boliviano Patacamaya – Oruro (¡prácticamente la misma
distancia que de Patacamaya a Arica!), acercando una efectiva alternativa, a
través del puerto peruano de Ilo, para los productos bolivianos de exportación
a los mercados de la Cuenca del Pacífico.
Pero el enorme volumen de recursos
mineros, agrícolas[9] y de
hidrocarburos que posee Bolivia por explotar, demandará gradualmente de medios
de transporte más adecuados a las características de los tráficos. Por ejemplo,
el año 2010, las exportaciones totales bolivianas -expresadas en volumen (TM) y
no en valor FOB-, ascendieron a poco más de 19,3 millones TM de las cuales
15.675.027 TM estuvieron constituidas por gas y petróleo que, básicamente, se
transporta a través de la red de oleoductos y gasoductos que conectan con
algunos países limítrofes, especialmente Brasil y Argentina. Además, dicho año
se exportaron por carretera 1.925.404 TM (10 % del total); por vía fluvial
962.702 TM, aproximadamente el 5 % (Hidrovía Paraguay – Paraná y en menor
medida la Ichilo – Mamoré, esta última perteneciente al sistema del Amazonas);
y por ferrocarril 770.162 TM, cerca del 4 %. Ello quiere decir que el volumen
total de exportaciones a través de medios de transporte distintos a los ductos
se desdobló en los modos de superficie (carretera y ferrocarril) que sumó el 73,6
% y acuático (hidrovías) que alcanzó el 26,3 %. Para 2017 dichas cifras muestran
cambios importantes: las carreteras movilizaron el 22,4 % de las exportaciones
y los ferrocarriles el 19,6 %.
Sin embargo, a futuro, en el caso de un
solo producto, el hierro de El Mutún, las demandas de transporte serán, con
referencia a los datos del proyecto inicial (2007), de 10 millones TM de
pellets, 6 millones TM de hierro de reducción directa (DRI) y 1,73 millones TM
de acero en planchas y laminados no planos, vale decir, 17,73 millones TM de
los cuales un 90 % serán materias primas y 10 % bienes intermedios. Este
volumen de producción anual de un único producto –el hierro de El Mutún en
distintas presentaciones y grados de elaboración- que sin duda en su mayor
parte estará destinado a los mercados del exterior, representa cinco veces más
que todo el volumen de exportaciones de Bolivia del año 2010 (distinta a la
canalizada por ductos) pero, por otra parte, hay que tener en cuenta que sólo constituye
el volumen de producción de la mitad de dicho yacimiento; la otra mitad está en
proceso de licitación por parte de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL)
en representación de los intereses del Estado boliviano y es probable que su
explotación se inicie en algún momento de la próxima década…. La perspectiva de
tener, en algún momento, una demanda de transporte para un solo producto diez
veces mayor a la de todas las demandas generadas por los productos de
exportación boliviana durante 2010 (distintas a los hidrocarburos incluido el
gas natural), debe constituir una alerta para el Perú en el sentido de procurar,
desde ya, y en la perspectiva de su concreción desde el horizonte del mediano
plazo, ofertar alternativas de transporte de superficie adecuadas a la vez que
eficiente infraestructura y servicios portuarios. Los únicos modos de
transporte capaces de atender esa demanda de tráficos son, en el modo de
superficie, el ferrocarril, pero también lo es el modo acuático, para lo cual
El Mutún dispondrá con relativamente baja inversión, de acceso a la Hidrovía
Paraguay –Paraná. En el futuro, todo dependerá de dónde se ubiquen los mercados
de destino: si ellos se encontrarán en Europa y los países de Medio Oriente, la
Hidrovía Paraguay – Paraná será la ruta natural de salida del hierro de El
Mutún; pero, si el destino fuera principalmente los países de la Cuenca del
Pacífico, el papel de los puertos del sur peruano y del norte chileno se
potenciará enormemente.
El sistema ferroviario aparece,
entonces, como un modo de transporte estratégico para la proyección de las potencialmente
crecientes exportaciones de productos mineros y agroindustriales de Bolivia al
mundo. De allí la importancia que el gobierno de este país le otorga al
Corredor Ferroviario Bioceánico Central, pero también la duda de parte peruana
de cuán cierto es que esas demandas realmente se den, dado que la construcción
de tramos ferroviarios desde la frontera de Desaguadero hacia Matarani o Ilo
requerirán una enorme inversión que según el estudio que contrató nuestro
Ministerio de Transportes, no justifica su construcción en sus primeros años si
no se soporta con tráficos (por ejemplo de soya) desviada desde el Brasil y
destinados a mercados de la cuenca del Pacífico.
Retomando el título de este ensayo,
usted, Amigo Lector, ¿considera que debemos darle a Bolivia un trato
preferencial, vista su situación de mediterraneidad y considerándolo como un
país con el que nos interesa una integración social y económica privilegiada y
profunda, o, más bien, tratarlo en el marco de la amistad y cooperación como a
los demás países con los que tenemos fronteras comunes?.
[1] Por
ejemplo, la ciudad de Trinidad, capital del departamento del Beni,
Bolivia,
se encuentra a una altitud de 130 msnm, pero a varios miles de kilómetros de la
desembocadura del río Amazonas, sistema hídrico sobre el que está emplazada.
[2] No obstante las diferentes metodologías de estimación aplicadas,
puede indicarse que Bolivia dispone de 10,9
millones ha aptas para la agricultura sin limitaciones o con limitaciones
ligeras (INE, 2011); en el Perú, dicha disponibilidad es de 7.6 millones ha, lo
que plantea un cuadro relativamente
crítico en ambos países con relación a la disponibilidad este recurso vital, pero con mayor énfasis en el Perú.
[3] La Chiquitanía es una región biogeográfica de transición del oriente boliviano ubicada entre el bosque amazónico y el
Chaco. Esta denominación tiene además una connotación étnica, ya que los
conquistadores españoles llamaron “chiquitanos” a los habitantes aborígenes de
esta región, que comprende gran parte del sector este del departamento de Santa
Cruz, hasta la frontera con Brasil y Paraguay.
[4] En el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático se promueve la implementación del mecanismo REDD (siglas en
inglés de “reducción de emisiones procedentes de la deforestación y degradación
de los bosques”), pero el gobierno de Bolivia no comparte esta prioridad al
considerar a REDD como una estrategia de los países industrializados para
evadir su responsabilidad histórica en la génesis del proceso de cambio
climático que actualmente afecta el planeta.
[5] El salario mínimo en
Bolivia equivale para el presente año a 307 USS$ mientras que en el Perú sólo
alcanza los US$ 278,
[6] Durante la década de 1960 el crecimiento vegetativo de la población
llegó a situarse algunos años por encima del 3,0 % en
ambos países.
[7] La Paz es la metrópoli y
sede del gobierno nacional, pero también es la cabeza
del subsistema urbano del altiplano habitado por los collas de lengua aymara y
funciona como área nuclear de los productos de los pisos altoandinos.
Cochabamba es la capital de los valles interandinos, con población de raigambre
quechua. Y, Santa Cruz, es la capital regional del oriente boliviano, en el
tránsito entre la amazonía y el chaco, con población de ancestro cultural guaraní
(“camba”).
[8] Habiendo nacido como una extensión suburbana de La Paz hace unas
cuantas décadas atrás, en los límites entre el altiplano y la hondonada donde
se ubica la ciudad de La Paz, El Alto actualmente tiene un estatuto
administrativo de ciudad y, en años recientes, ha evolucionado de funcionar
como una “ciudad-dormitorio” para migrantes rurales que venían en
búsqueda de empleo a la ciudad de La Paz, a una ciudad con administración propia,
comercio dinámico, miles de MYPE y hasta una universidad. Con ese carácter, en
la actualidad puede hablarse de la conurbación La Paz – El Alto, que aglomeraba
el año 2017 algo más de dos millones de habitantes.
[9] Hay que tener
presente que en los últimos 20 años, la frontera agrícola del departamento de
Santa Cruz pasó de 283.000 ha a 1.850.000 ha, creciendo seis y media veces,
proceso que sigue desarrollándose a ritmo acelerado, por lo que todo indica que
la demanda de transporte para colocar en el mercado internacional los commodities agrícolas del oriente
boliviano seguirá teniendo un gran impulso.
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