(A propósito de la efectiva incorporación del Putumayo a la heredad nacional)
Miércoles 27 de marzo de 2024
Mediante la Ley N° 31973, promulgada por el Congreso, a insistencia, el 10 de enero de este año, se introdujeron modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Al respecto, este blogger se permite hacer los siguientes alcances y comentarios:
El Perú es un país con escasa cantidad de suelos aptos para la agricultura. El actual Ministerio de Agricultura y Riego (MIDAGRI), a efectos de la publicación en mayo de 2021 del “Atlas de la Superficie Agrícola del Perú”, no ha realizado estudios ni verificaciones de campo que permitan conocer la relación entre los 11’649,716 ha que ha identificado como superficie agrícola del país, y que incluyen las tierras que, en ese momento, poseían cultivos transitorios y permanentes, tierras en barbecho, y en descanso, y la efectiva capacidad de uso de los suelos del Perú.
Su trabajo se ha basado solamente en lo que las distintas capas de imágenes satelitales permiten establecer como tierras dedicadas a la agricultura, no importa que ella se desarrolle sobre lo que deberían ser suelos de protección, como pueden ser los de pendiente pronunciada, que, al estar descubiertos, favorecen la erosión y la colmatación del lecho de los ríos cuando llega la estación de lluvias; o aquella realizada mediante el cambio de uso del suelo: de bosques de protección inmisericordemente talados para desarrollar una agricultura depredadora que será productiva en la primera siembra, pero que al desarrollarse sobre suelos livianos, cubiertos de humus como los de la amazonía, formados por la descomposición de los restos orgánicos, por organismos y microorganismos como hongos y bacterias, sólo permitirán una primera cosecha, luego se acidificarán y jamás será posible la reconstitución del bosque primario.
Los estudios de la primera mitad de la década de 1980, hechos por la desaparecida “Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN)” establecían que el potencial de suelos aptos para la agricultura en limpio, según la capacidad de uso mayor, es de 4’902,000 hectáreas y de 2’707,000 ha adicionales para cultivos permanentes[1] lo que haría, en el mejor de los casos, un total de 7’609,000 ha disponibles para fines agrícolas[2]. Eso quiere decir que con una población actual estimada en 33’726,000 habitantes (INEI) nuestro país dispone de menos de 0.15 hectáreas por habitante de suelo agrícola apto para la agricultura en limpio, lo que nos sitúa a la cola de los países a escala mundial. Pero, además, aquello introduce una vulnerabilidad para el país en su conjunto pues atenta contra la seguridad alimentaria del país, haciéndonos cada vez más dependientes de las importaciones de alimentos (trigo, maíz, soya, lácteos, oleaginosas, productos cárnicos, otros).
Lo anterior no es responsabilidad de ninguna persona, empresa o institución. Es la consecuencia de que nuestro territorio está atravesado por una cadena montañosa -los Andes- que desde el punto de vista geológico es joven (originada en el cretácico tardío, hace unos 62 a 64 millones de años) por lo que los procesos naturales (tectonismo, vulcanisno, erosión) todavía no han logrado mermar significativamente las montañas y ensanchar los valles para formar una mayor cantidad de suelo aprovechable para fines agrícolas.
En la amazonía, al talar el bosque para cambiar el uso del suelo de bosque de protección a fines agrícolas, el “lavado” que las lluvias estacionales ocasionan al frágil suelo superficial rico en materia orgánica, conlleva su acidificación, su empobrecimiento para la agricultura, además de otras condiciones negativas como la alteración de la escorrentía que da lugar a enormes zonas de purma y a la formación de pantanos o charcos en donde el bosque primario a algo similar a él no desarrollará más.
Sin embargo, la precariedad de nuestro país en materia de suelos aptos para la agricultura, ha hecho en el pasado y sigue haciendo en la actualidad, conforme aumenta la población, que muchos lugares de la amazonía, especialmente sobre las riberas de los grandes ríos, sea ocupada y deforestada por campesinos andinos sin tierra, que se ven obligados a migrar desde las laderas de los Andes para poder subsistir. Tras de ello, también aparecen los grandes emprendimientos agrícolas que conducen mala y conscientemente a la tala del bosque primario, en ocasiones por varios cientos o miles de hectáreas, extrayendo ilegalmente la madera con valor comercial en el mercado, y produciéndose el cambio de uso del suelo mediante la instalación de ganado o el desarrollo de plantaciones, como las de palma aceitera, por ejemplo. La mayor parte de este proceso tiene lugar espontáneamente, ante la ausencia o inacción de la autoridad encargada de evaluar y otorgar los permisos y actuar contra la tala ilegal[3] o la corrupción que involucra a funcionarios públicos pero también a los líderes de las comunidades nativas tituladas que, en muchos casos, permiten la tala del bosque de propiedad de la comunidad, previo pago (coima) sin calcular los perjuicios que estos actos acarrean para la supervivencia del bosque y los servicios ambientales que éste ofrece y para el futuro mismo de la comunidad que representan.
Por otra parte, sin contar con la referencia en el pasado de una Ley de Ordenamiento Territorial que establezca el mejor uso para cada sector del territorio, organismos como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado – SERNANP o el Ministerio de Cultura, determinan sectores del territorio nacional, especialmente en la amazonía, calificándolos como Áreas Naturales Protegidas (ANP) o reservas territoriales para los Pueblos Indígenas u Originarios en situación de Aislamiento o en situación de Contacto Inicial (PIACI), que por lo general son extensiones de varios miles de kilómetros cuadrados ubicados en su mayor parte en la amazonía. En cuanto a las ANP, el SERNANP ha clasificado como tal a cerca del 18 % del territorio nacional, varias de dichas ANP bajo la denominación de Parque Nacional, en donde la práctica de cualquier actividad económica está totalmente vetada. El Parque Nacional del Alto Purús, por ejemplo, es un enorme territorio de 2’510 694,41 hectáreas (más de 25,000 km2 ) creado el año 2004 en donde ninguna actividad económica está legalmente permitida. Su extensión es prácticamente la misma que la del departamento de La Libertad. En realidad, se efectúan consultas con los organismos públicos más vinculados con la utilización y cuidado de nuestra biodiversidad, recursos naturales, y territorios de los pueblos nativos incluyendo los no contactados, pero son pocos los organismos que efectúan un análisis concienzudo y, menos, se promueve un diálogo intersectorial con argumentos técnicos de fondo, desde los distintos ángulos en los que temas como este tema debe ser analizado, por tanto, sus opiniones se convierten en la mayoría de los casos en un ligero formalismo estrictamente sectorial que puede acarrear, a la larga, serios problemas de conservación además de deterioros ambientales tan impactantes como los que ha producido, por ejemplo, la minería aurífera aluvial en el departamento de Madre de Dios.
En concreto, y con referencia a la necesidad de integrar al resto del país los territorios fronterizos aislados, especialmente los de la amazonía tales como el Parque Nacional del Alto Purús que se ha puesto como ejemplo, se vuelve impensable desarrollar modos de transporte de superficie (carretera, ferrocarril) o multimodal (por ejemplo carretera y navegación fluvial) que permita llegar a ellos directamente por medio de un modo de transporte de superficie desde el resto del país, atender en sus necesidades básicas de infraestructura y servicios tanto a la población como a las actividades económicas, y hacer posible su inserción dinámica en el proceso de desarrollo nacional. Siendo esos, entre otros, territorios fronterizos con los países limítrofes, mantener una situación de aislamiento permanente, respaldada por leyes conservacionistas que probablemente no han sido adecuada ni oportunamente discutidas de una manera holística e integral, con todos los sectores y actores involucrados, en un espacio de diálogo y análisis colectivo, plantea una vulnerabilidad política, social y económica de esos territorios frente a los países vecinos al punto de que, en el largo plazo, podría incluso acarrear problemas de soberanía.
Retornando al contenido de la Ley N° 31973 y especialmente a la lectura de su Disposición Complementaria Final , no se observa que dicho texto atente contra los bosques en pie, ya que claramente señala que sólo se aplicará “…(a tierras) que no contengan masa boscosa”. Al respecto hay que tener presente que un área deforestada, es decir, que fue anteriormente bosque primario, nunca recuperará su condición de bosque primario original, sino que esas tierras quedan en condición de purma, en donde sólo crecerá una vegetación elemental. Aprovecharlas para fines agrícolas es lo menos que se puede hacer para evitar que, por ejemplo, las lluvias estacionales, al encontrar el terreno descubierto, propicien la erosión de las riberas y suelos, cambien el curso del drenaje superficial, y ocasionen problemas mayores, subsecuentes al propio talado.
Evidentemente lo señalado en el párrafo precedente no es posible de realizarse sin la presencia y actuación del Ministerio de Agricultura y Riego (MIDAGRI) y de las autoridades forestales mencionadas en la nota 2 a pie de página, porque se cuenta con numerosos ejemplos de áreas deforestadas que crecen año a año, lo que indica la inoperancia y falta de presencia de dichas autoridades, claramente la incapacidad o limitaciones institucionales (de personal, equipos, logísticas), o bien la existencia de hechos de corrupción.
En una percepción integral del tema, la pérdida creciente del bosque primario amazónico[4], sólo será posible de ser evitada cuando se apruebe una ley como (o mejor) que el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial que el Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso de la República en agosto de 2023, numerada por éste como Proyecto de Ley N° 5723/2023-PE, pero aún no debatida. De ser aprobado dicho proyecto, u otro mejor en sus objetivos e instrumentos, y la institucionalidad pública se adecúe a sus prescripciones actuando de manera integrada y en consecuencia, recién podremos aspirar a atenuar (decir “detener” suena a demasiado optimismo) la deforestación en nuestro país. Mientras tanto, los delincuentes taladores, que son gente que ha ganado muchísimo dinero con la tala ilegal[5], seguirán haciéndolo, construyendo sus propias carreteras elementales con maquinarias, propiedad de ellos mismos, en muchos casos a vista y paciencia de las “autoridades” responsables, justamente, de impedir estos atentados contra la naturaleza y la biodiversidad... Estos delincuentes esperan que pase la estación de lluvias para poner en marcha su maquinaria y reparar, mejorar o construir más trochas de acceso y… a talar se ha dicho!!. Se trata de mafias absolutamente delicuenciales, dispuestas a asesinar a los defensores de la integridad del bosque amazónico, tal como ocurrió con dirigentes de las comunidades nativas de la comunidad de Soweto, en Ucayali, que sufrieron, hace ya una década, la muerte de cuatro de sus miembros, que fueron torturados y asesinados por oponerse a la tala ilegal de sus bosques, sin que hasta la fecha haya un solo condenado por ese terrible delito.
Pero, ¿qué hacer con aquellas zonas fronterizas amazónicas a las que es totalmente imposible llegar mediante la red fluvial, teniendo en cuenta que el transporte aéreo es insostenible por el flete que implica, para abastecer o permitir el traslado a centros de acopio mejor comunicados con el resto del país o con el exterior lo que pueden producir las fronteras?. ¿Cómo integrarlas realmente de un modo activo al resto del país y evitar que en los connacionales que habitan esos alejados rincones de la Patria afloren, en momentos de desencanto o de abatimiento colectivo, sentimientos de anexión por parte de los países fronterizos como Brasil o Colombia?. Una excepción a ello puede ser, llegar por carretera -sí, por carretera- al Putumayo peruano, al que sólo se puede arribar hoy mediante avioneta o hidroavión en vuelos que desde Iquitos al Putumayo Medio (San Antonio del Estrecho) toman 40 minutos, pero cuyo costo por pasajero o por unidad de peso o volumen resulta insostenible para la gran mayoría de la población de esa zona apartada.
En la ribera peruana del Putumayo (margen derecha de dicho río que hace frontera con Colombia a lo largo de aproximadamente 1,250 km) no existen de manera permanente autoridades policiales o militares. Por esa razón cuando el gobierno de Colombia decidió, como parte de su lucha contra el narcotráfico, realizar operativos de erradicación y la aplicación de políticas de incentivos que entre 2016 y 2020 logrando cierto éxito con la erradicación de 16,190 ha de cocales en el Putumayo colombiano de las 28,205 ha que existían en los departamentos de Caquetá y Amazonas[6], este último fronterizo con el Perú, los narcotraficantes no encontraron problema en migrar al Perú y establecerse para continuar con su práctica ilegal en las riberas del Putumayo peruano. Informada la inteligencia peruana de esa situación, en agosto de 2023 se organizó un operativo integrado por agentes de la Policía Nacional (DIRANDRO) y una brigada de miembros del Ejercito del Perú asentados en la base de Curaray, ubicada en la boca del río Curaray sobre el río Napo, para desde allí ser transportados por helicóptero, durante hora y media, hacia el sector donde se encontraban operando los mafiosos colombianos. El operativo tomó por sorpresa a esos delincuentes que abandonaron presurosos su campamento, dejando materiales, insumos, equipos de comunicación e información, además de sembríos de coca que en una extensión de 650 ha fueron destruidos…. Pero dicho comando militar-policial tuvo que regresar a sus bases en el Curaray y en Iquitos, respectivamente, al no contarse en el Putumayo, como ya fue dicho, con ninguna instalación permanente de las fuerzas del orden o de las Fuerzas Armadas, lo que es una invitación para que las mafias colombianas del narcotráfico, retomen sus ilícitas actividades a los pocos días. En ese contexto, DEVIDA informó que una de las zonas fronterizas con crecimiento de cultivo de arbusto de hoja de coca es la provincia de Putumayo: en 2022, registró 2,716 hectáreas en comparación a las 2,193 de 2021[7].
La carretera Iquitos – San Antonio del Estrecho a la que se hace mención en párrafo supra, ya cuenta con estudios avanzados realizados por Provías Nacional, puesto que desde setiembre de 2015, mediante R.M. N° 549-2015 MTC/01.02, fue clasificada como una vía parte de la red nacional, con código PE – 5NI, e implicará una inversión de aproximadamente 1,555 millones de soles (unos 410 millones de USD al cambio actual) para los tramos del II al IV. Hasta el año 2022, se había concluido el tramo I, desde Iquitos incluido el puente sobre el río Nanay y accesos (límite norte de la ciudad de Iquitos), en el que se invirtieron 686 millones de soles, pero el año 2023, no se previeron recursos para continuar con el tramo Bellavista – Mazán, con lo que la carretera ya alcanzaría el río Napo. En resumen, la soberanía de los territorios de la margen derecha del río Putumayo, la presencia de la institucionalidad pública nacional, el alivio de los déficits en materia de servicios sociales, la posibilidad de incorporar el Putumayo peruano a la economía nacional e internacional, dependen, todas ellas, de una eficiente conectividad física que se daría mediante operaciones de transporte multimodal: carretera Iquitos - San Antonio del Estrecho + navegación fluvial en el amplio tramo de alrededor de 1,250 km en que el río Putumayo, aguas arriba y aguas abajo de El Estrecho, hace frontera entre el Perú y Colombia.
Evidentemente una obra de estas características generará impactos ambientales. Según un estudio realizado en marzo de 2021 por las ONG Conservation Strategy Fund (CSF), el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM) y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la construcción de la carretera implicará la pérdida de 15,500 ha de bosque[8] , pero la inacción del Estado peruano, costará, sin duda, mucho más que esa hectáreas deforestadas, sin añadir la falta del control territorial que implicaría dejar esta amplia zona fronteriza a la libre acción de mafias de narcotraficantes, actores de la minería ilegal extranjeros, empresarios madereros corruptos que involucran a los líderes de algunas comunidades nativas y a funcionarios de los organismos encargados de controlar que la madera aserrada y comercializada provenga de bosques manejados y esté certificada, todo lo cual se reflejará en mayor deforestación, contaminación del suelo y de los cursos de agua, con lo que, en corto tiempo, estaremos asistiendo a la aparición de una zona de purma, irrecuperable para la ocupación humana y la actividad productiva amparada por la ley, siendo que toda la provincia del Putumayo está definida como área crítica de frontera según el Decreto Supremo N° 005-2018-RE.
En la ficha del proyecto, tal como consta en Provías Nacional para el ejercicio presupuestal 2023, se advierte claramente que la única inversión prevista para ese año en la carretera Iquitos - San Antonio del Estrecho (Putumayo), se daría en la contratación del estudio (actos previos) tramo II Santo Tomás - Mazán (esta última, población sobre el río Napo, muy cerca de su desembocadura en el Amazonas), de 38 km por un monto de 1.9 millones de soles, estudio que empezaría en diciembre de 2023 y concluiría en diciembre de 2025. El estudio del último tramo (Tramo IV) terminaría en enero de 2029 y una vez concluido y preparado el expediente técnico, que seguramente tomaría todo el año 2030 si es que no se presentan en el camino otros motivos de demora, implicaría la posibilidad de reiniciar la construcción de 147 km de los 188 km totales de esta vía. Con ello, difícilmente tendremos construida y concluida esta vía antes de finalizar de 2031, sin contar con las demoras en las que la burocracia incurre con mucha frecuencia y con la oposición férrea que seguramente harán, en el país, las ONG ambientalistas y otras organizaciones que únicamente ven el tema desde el muy importante punto de vista ambiental, siendo que este proyecto requiere una mirada holística y hasta geopolítica y, por tanto, una participación de todos los sectores y actores concernidos. La única forma de evitar demoras tan grandes es asignando más recursos a la fase de preinversión de este proyecto e iniciar las obras apenas ésta se encuentre concluida.
Desde el exterior, ello probablemente alentará campañas en contra por parte de países donantes, ONGs y medios de prensa internacionales, pero en lo que hace a la relación de la Ley N° 31973 con respecto a los acuerdos comerciales internacionales, el MINCETUR ha opinado que “…se requeriría más data para afirmar si las modificaciones a la Ley Forestal colisionan con acuerdos comerciales, incluyendo el APC con los EE.UU., ya que para que ello se tendría que cumplir con dos requisitos: i) que se trate de una Ley aprobada con la intención de afectar el ambiente; y, ii) que afecte el comercio entre las partes”.
¿Será posible que el desarrollo de drogas sintéticas, como el fentanil, tanto o más efectiva que la cocaína y la heroína, pero muy baratas de ser fabricada en laboratorios clandestinos, afectará seriamente el comercio de la cocaína y, en esa medida, la deforestación de nuestra amazonía podrá reducirse?. ¿O que la siembra de árboles de especies madereras de alto valor económico como la caoba, el cedro o el shihuahuaco, para las cuales el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) ha realizado investigaciones y desarrollado técnicas para su siembra y repoblamiento, podrán desalentar las tendencias hacia el agotamiento de estas valiosas especies maderables naturalmente desarrolladas en nuestra amazonía?. En los próximos meses y años podremos contar seguramente con una respuesta.
[1] Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales-ONERN (1985). “Los Recursos Naturales del Perú”; ONERN; Lima, 1985; p. 59.
[2] Suelos aptos para cultivos permanentes son las tierras no adecuadas para la remoción periódica del suelo o para un desarrollo económico con cultivos en limpio, pero que permiten el manejo de cultivos perennes, como los frutales.
[3] Son muchas, entre ellas: OSINFOR, Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente, Autoridad Regional (de los Gobiernos Regionales) Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, entre las principales.
[4] Según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), la deforestación de bosque primario en el Perú durante el año 2022 fue de 144,682 ha lo que nos sitúa como el tercer país con más pérdida de bosque entre los países amazónicos, detrás del Brasil y Bolivia, y todo indica que en 2023 la deforestación superó las 200,000 ha.
[5] En febrero de 2024, el dueño del fundo “El Paraíso”, a 40 km de Iquitos, dedicado a la siembra y venta de plantones de árboles comercialmente rentables, nos informó que un árbol (tronco) de caoba (Swietenia macrophylla) que ha alcanzado su pleno desarrollo, aproximadamente después de 25 años de empezar a crecer sobre el bosque amazónico, puede venderse hasta en 100,000 USD, siendo que se encuentra en el Apéndice II de la CITES, lo que significa que los cargamentos de madera de esta especie amenazada deben ir acompañados por un permiso de exportación CITES.
[6] https://ligacontraelsilencio.com/2022/12/21/la-violencia-de-la-coca-cruza-de-putumayo-hacia-peru/
[7] https://ojo-publico.com/sala-del-poder/crimen-organizado/cultivos-ilegales-hoja-coca-se-expandieron-la-amazonia
[8] https://es.mongabay.com/2021/03/bellavista-el-estrecho-la-carretera-que-ha-traido-invasiones-conflictos-sociales-y-danos-ambientales-en-la-amazonia-de-peru/
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