Una mirada desde el Perú
Introducción
En varios sentidos, Chile es un país
singular a escala latinoamericana. Se ubica en los confines del sur del
continente americano, en lo que podríamos denominar el finis terrae del planeta, separado aún más contundentemente del
resto de la región sudamericana por esa espina dorsal constituida por la
Cordillera de los Andes, que establece una suerte de límite natural entre el
territorio bajo soberanía chilena y el del resto de los países del continente.
Por eso Chile, visto desde el resto de la región sudamericana, y no obstante
tener una pequeña porción territorial en el altiplano que antes de la Guerra
del Pacífico compartieron sólo el Perú y Bolivia, es un país trasandino, que, por
otro lado, en su proyección desde el Océano Pacífico hacia el interior
continental, carece de un transpaís propio. Una representación cartográfica
transversal de Chile se aproximaría a otra que para los peruanos (para los
limeños más exactamente) se hiciera del territorio que va desde la
desembocadura del río Rímac, en el Océano Pacífico, hasta sus nacientes en las
proximidades de Ticlio.
Los chilenos, por su parte, a pesar
del tronco común español con el resto de Hispanoamérica, constituyen también un
pueblo bastante original. Carentes de culturas originarias superiores y casi prescindiendo
del mestizaje e integración con los pueblos aborígenes, la
nacionalidad se fue construyendo a lo largo del dominio colonial español, sobre
la base del encuentro y la ocupación de los descendientes de los conquistadores
con un territorio distinto, en esencia, al que poseían las otras
administraciones coloniales: flora y fauna diferenciada; paisajes naturales más
afines a los de la Europa mediterránea y la del norte que a los densos bosques
tropicales, los altiplanos andinos o las pampas de clima templado de América
del Sur; corrientes migratorias, principalmente de colonos alemanes, croatas y
algo de franceses, ingleses e italianos que arribaron al Chile decimonónico y
que fue incrementada y diversificada por la migración palestina de las primeras
décadas del siglo XX (la más grande fuera del mundo árabe), que terminaron por
otorgarle a la gente de este país un perfil humano particular. Todo ello
organizado, básicamente sobre el mismo meridiano geográfico, los 70º de
longitud oeste, a lo largo de 4.700 km de norte a sur, en un país que en el
sentido de los paralelos se extiende, en promedio, unos 150 kilómetros, medidas
que establecen para Chile una muy marcada disimetría.
Como uno de los muchos resultados de
esta construcción humana, el habla popular de los chilenos es única, con muchas
variantes respecto a la de la población andina o rioplatense de los países
vecinos, mediante el recurso a modismos y préstamos léxicos de uso general
tales como: guagua = bebé, procedente
del quechua y cuyo empleo en el Perú curiosamente sólo está circunscrito al
medio rural andino; pololo = novio,
procedente del mapuche; ¿cachái? =
¿comprendes?, ¿entiendes?, aparentemente prestado del inglés “to catch”. El
mestizaje con los pueblos aborígenes, no tuvo lugar en Chile temprana ni
intensamente, como sí ocurrió en otros países de la región, particularmente los
andinos. La cultura popular, por su parte, con predominio de la herencia
española y los aportes de los migrantes europeos tempranos, muestra rasgos no
compartidos con otros pueblos, lo que probablemente ayude a entender el hecho
de que, por ejemplo, la influencia de las variantes de la música tropical
latinoamericana, tan arraigada en los demás pueblos de América Latina, hasta
unas pocas décadas atrás era sentida como extraña en Chile y sólo ha empezado a
masificarse al impulso de la migración reciente procedente de otros países de
la región latinoamericana.
Esa relativa homogeneidad geográfica,
humana y cultural, ha favorecido, por otra parte, la construcción de un país
tempranamente más cohesionado en torno a un Proyecto Nacional, que ha
privilegiado a la educación, la institucionalidad, el respeto a los valores de ciudadanía y civilidad, la
consolidación del orden y la tranquilidad a partir de un Estado fuerte en el
que la clase política y las fuerzas armadas tienen un papel protagónico, y la
proyección de Chile al mundo a través del Océano Pacífico, como la base del
consenso que impulsa el progreso del país. La construcción de este Proyecto se
inició en la década de 1830, con la figura política dominante de Diego
Portales, y continúa alimentándose hasta la actualidad, contando como sus
principales arquitectos en el tiempo a personajes como Carlos Ibáñez del Campo
y Augusto Pinochet, que, a diferencia de Portales, llegaron a ejercer la
Presidencia de la República en distintos momentos del siglo XX.
Y si bien todo ello no ha evitado la
estratificación de la población en clases sociales, en grupos de poder
económico, en la dinámica de los procesos migratorios campo-ciudad, o en el
afloramiento de los agudos problemas de centralismo -que, por lo demás, están
presentes en casi todos los países de la región-, sí ha dejado margen para que
Chile sea el primer país de Latinoamérica en dar los más tempranos e
importantes pasos hacia el desarrollo sostenible, al impulso de su inserción en
la globalización. Así, este país muestra actualmente los más altos índices
latinoamericanos de desarrollo humano (IDH), de producto interno bruto (PIB)
per cápita, de competitividad global y de innovación, a la par que bajos
índices de corrupción, entre otros. Claro, todo ello, en un proceso de varias
décadas que introduce un rasgo singular adicional, especialmente en lo que toca
a su despegue económico: Chile no hace parte de ningún proceso de integración económica
subregional (MERCOSUR; CAN, donde sólo participó entre 1969 y 1976). Su
crecimiento económico, su éxito individual como país, se ha basado en la apertura
económica y comercial; en una temprana y agresiva proyección con su oferta de
productos al mercado internacional; en una estrategia hegemónica para la
provisión de infraestructura y servicios para el comercio exterior de los
países y regiones del interior continental. Pero también se ha dado al margen
de ese elemento implícito a los procesos de integración que son la solidaridad;
la aproximación y complementación de las economías nacionales entre países
vecinos sobre la base de costos y beneficios compartidos; el abordaje de la
complementación o la cooperación en otras áreas importantes para el desarrollo
como pueden ser la dimensión social, la temática ambiental, la complementación
industrial o en materia de ciencia y tecnología…
En el ámbito político regional, Chile
tampoco destaca históricamente por su solidaridad o, cuando menos, por su
imparcialidad frente a sus vecinos. Más allá de su casi permanente negativa a
negociar una salida soberana para Bolivia al Océano Pacífico luego de los
resultados catastróficos de la Guerra del Pacífico para ese país reflejados
finalmente en el Tratado de Paz y Amistad de 1904, puede recordarse la conducta
de sus fuerzas armadas durante el conflicto de las Malvinas en 1982, cuando
apoyaron abiertamente al Reino Unido poniendo a su disposición una logística
orientada a ofrecer información a los ingleses sobre el movimiento de tropas
argentinas, actitud que fue agradecida públicamente en 1999 por la entonces
Primer Ministra británica y reconocida por el ex Comandante de la Fuerza Aérea
Chilena en la época del citado conflicto; o la venta confirmada de armamento y
municiones al Ecuador durante la guerra
de ese país con el Perú en 1995 (conflicto del Cenepa), siendo Chile uno de los
“garantes” del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro (1942)
entre ambos países, que precisamente se había suscrito para poner punto final
al conflicto limítrofe peruano-ecuatoriano.
En ese complejo contexto, a pesar de
que el Perú ya es el principal destino turístico para los chilenos, no obstante
el auge de la gastronomía peruana en Chile, y sin desconocer el importante y
dinámico flujo recíproco de inversiones, entre otros componentes visibles y
recientes de una aproximación entre ambos países, no resulta extraño que Chile
y el Perú sean todavía dos países cercanos geográficamente, pero distantes
social y culturalmente, cuyas élites políticas
no han realizado una apuesta seria y consistente para aprovechar la
vecindad geográfica y los modelos económicos similares en curso desde hace más
de tres décadas en Chile y más de dos en el nuestro, para comprometer un
proceso de cooperación e integración económica, social, cultural, y de complementación
en materia de infraestructura y servicios, que permita proyectar a ambos
países, de manera complementaria, en el escenario mundial como dos potencias
emergentes asociadas o estrechamente cooperantes. En el centro de esta
situación de “lejana vecindad” se encuentran adicionalmente, sin duda, los
rezagos emocionales de la Guerra del Pacífico, que, mantenidos en el tiempo,
han alimentado la desconfianza mutua y bloqueado las oportunidades de amainar
las absurdas rivalidades y hacer prosperar, más bien, un proceso de cooperación
e integración que hoy podría constituir el referente fundamental de la relación
bilateral a la vez que una de las fortalezas y
ejemplo para los procesos de integración continental. La relación entre
Tacna y Arica, y en general entre el
norte chileno y el sur peruano, por ejemplo, podría ser el paradigma
latinoamericano de una región binacional de integración muy dinámica, apoyada
en las amplias posibilidades de complementación social y económica que ofrecen
recursos, poblaciones y producciones diferenciadas pero complementarias, con
una eficiente conectividad entre ellas, tanto con el interior continental como
con el resto del mundo.
En ese camino, la “Alianza del
Pacífico”, que integran el Perú junto con Chile, Colombia y México, y cuya
formalización ha sido establecida en agosto de 2012, puede señalar nuevos
derroteros al representar un intento por concretar una integración regional
profunda, potenciar el intercambio con la región Asia-Pacífico, y enfatizar la integración física, energética
y el libre tránsito entre los distintos países que la integran, Alianza de la que
el Perú y Chile, por ser limítrofes, deben ser los principales activadores,
pero en un escenario en el que todas las fuerzas actuantes en ambas países –y
no sólo el sector empresarial- encuentren espacios para la interacción y la construcción
de relaciones sólidas y perdurables.
Territorio
compacto, pero heterogéneo y diferenciado
Chile es uno de los países más
“largos” del mundo a la vez que uno de los más estrechos o compactos. Su
longitud de 4,700 km, permite que se extienda desde el norte del trópico de
Capricornio hasta latitudes circunpolares, a lo largo de 39° de latitud, por lo
que su territorio continental de 756.102 km2, a diferencia del
peruano que se organiza íntegramente en latitudes tropicales (de donde la
diversidad climática y los ecosistemas en nuestro país surgen a partir de las
diferencias de altitud) está cortado, en el sentido de la latitud, primero, por
vastos desiertos; luego por valles mediterráneos; a continuación por hermosas
regiones cubiertas de verdor, lagos y volcanes; seguidamente por zonas boscosas
similares a la del norte europeo; y,
finalmente, por sectores del desierto frío de la Patagonia o estepas
magallánicas, en una progresión de climas, relieves y paisajes limitados, hacia
el este, por la Cordillera de los Andes y hacia el oeste por el Océano
Pacífico. Chile sólo carece, junto con Uruguay en Sudamérica, de las
formaciones de bosques tropicales (Amazonía, Chaco) que sí comparten los demás
países del subcontinente. Comparado el mapa de Chile con el de regiones del
hemisferio norte, todos esos paisajes abarcarían desde Noruega en el
septentrión europeo hasta Marruecos en el norte africano.
Sin embargo, el Chile que nació a la vida republicana, fue un país mucho más acotado, que se extendía de la divisoria de los Andes hacia occidente hasta el Océano Pacífico, aproximadamente entre los paralelos 27° y 41° de latitud sur, y que nunca, con anterioridad, logró imponerse sobre los mapuches -a los cuales los españoles enfrentaron en la Guerra de Arauco- ni en las tierras patagónicas. A grandes rasgos, abarcó principalmente el sector entre el despoblado de Atacama por el norte (desde Copiapó), el Océano Pacífico por el oeste y el río Biobío en el sur, en el sector conocido como La Frontera, incluyendo también, aún más al sur, los enclaves de Valdivia y Chiloé. Por lo demás, Chile sólo comparte en América del Sur con el Brasil el hecho de haber “crecido” territorialmente después de la independencia política, en su caso, ya sea como consecuencia de conquista de territorios no reclamados por otras potencias o bien como resultado de la Guerra del Pacífico.
Chile –ya se dijo- es un país que
desde su surgimiento como nación independiente, ha definido claros objetivos
que respaldan su proyección territorial. Ya a inicios de la década de 1830,
Diego Portales construyó su pensamiento geopolítico reconociendo la prioridad que
para el porvenir de Chile debe tener su expansión económica y comercial sobre
el Pacífico, por lo que encontró un peligro para esos intereses en la posible
consolidación de la Confederación Perú-Boliviana a cuya desmembración dedicó
gran parte de sus esfuerzos. Impregnados, desde entonces, de ese espíritu,
llamará la atención a los peruanos que los chilenos definan a su país como uno tricontinental, que comprende el sector
propiamente continental, en el subcontinente sudamericano, que constituye
el escenario principal de la vida nacional; el sector oceánico (que
incluye el “Chile insular continental”, con el archipiélago Juan Fernández y
las islas Desventuradas; y el “Chile insular oceánico”, con las islas de Pascua
y Salas y Gómez); y el Chile Antártico, que no obstante estar congeladas
las reclamaciones territoriales en ese continente de acuerdo a lo estipulado en
el Tratado Antártico de 1959 del que Chile es signatario, no impide que este
país incluya en todos sus mapas oficiales un sector de 1.250.257 km2
como propio, con lo que el Chile continental, oceánico y antártico sumaría
2.006.354 km2. A todo ello habría que adicionar la proyección sobre
la superficie marítima de tierras continentales e insulares, mediante la
agregación de mar territorial, mar patrimonial, mar presencial y zona económica
exclusiva.
Recursos
naturales abundantes y diversificados
A pesar de la percepción entre los
peruanos de que Chile es un país pobre en recursos naturales, imagen sin duda
asociada a las narraciones escolares sobre los años de la Conquista que nos
informan sobre el hecho de que la expedición de Diego de Almagro retornó desde
Chile al Perú sin el codiciado oro, nuestro vecino país tiene muchos y diversificados recursos
naturales que en el importante tránsito a la prosperidad que viene operando en
décadas recientes, han sustentado una parte muy significativa de su producto,
sus exportaciones y su crecimiento económico.
Los recursos mineros se encuentran en
primer orden. En el pasado, el carbón y el salitre constituyeron dos recursos
mineros no metálicos de mucha importancia. El carbón fue usado desde los
tiempos de la colonia para la generación de energía (navegación, fundiciones de
metales en el Norte Chico y después también en el Norte Grande), localizándose
los yacimientos más importantes en las comunas de Lota y Coronel, en la región
del Bío Bío, cerca a la ciudad de Concepción, si bien su importancia actual se ha
visto disminuida por el uso de otras fuentes energéticas alternativas. En cuanto al salitre, desde la
incorporación del Norte Grande al patrimonio chileno hasta la crisis de 1930,
fueron exportadas más de 70 millones de toneladas de este fertilizante que atravesaron los
océanos para fecundar los campos de los países industrializados.
Pero es en cuanto a recursos mineros
metálicos en donde Chile se presenta en la actualidad como una potencia
mundial. El país posee enormes reservas cupríferas, del orden de los 190
millones TM (2012) que representan un 28 % de las reservas de cobre del mundo
(mientras que el Perú posee el 13 % de ellas). En cuanto al oro, apreciado
metal del que Chile nunca fue un importante productor, la mina de Pascua- Lama,
en la región de Atacama, es un yacimiento que en un 25 % se prolonga sobre
territorio argentino y que tiene reservas por más de 18 millones de onzas de
oro (además de plata) que, al ser explotadas a lo largo de 20 años a partir de
mediados de este año, la convertirán en la mina de oro más grande del mundo.
Adicionalmente, las reservas mineras metálicas de Chile tienen una ventaja
comparativa respecto a las peruanas y es que se encuentran en buena parte en el
Gran Norte, en zonas desérticas de altitud, casi despobladas, con lo que la
posibilidad de ocurrencia de conflictos con las organizaciones campesinas y los
sectores ambientalistas es, hasta donde puede estimarse, bastante menor que en
el Perú.
En cuanto a recursos agrícolas, Chile
posee más de 26 millones de hectáreas de suelos con potencial agrícola de las
cuales unos 5 millones son tierras arables y se concentran principalmente en la
región central y centro-sur del país. Ello contrasta con el potencial agrícola
peruano que, de acuerdos a antiguos datos del extinto Instituto Nacional de
Recursos Naturales (INRENA) sólo alcanza a 7,6 millones de hectáreas. El
recurso hídrico, por su parte, siendo escaso en el Gran Norte, conforme se
avanza hacia el sur se hace presente cada vez de manera más abundante hasta la
región de Aysén. A título de ejemplo, el río Bío-Bío, en la región del mismo
nombre y que desemboca en el Océano Pacífico al igual que los ríos de la
vertiente del Pacífico peruano, pero aproximadamente a 37º de latitud sur,
tiene un caudal promedio de 899 m3/seg, es decir, 33 veces más que
nuestro conocido río Rímac que sólo alcanza, en promedio, 27 m3/seg.
En consecuencia, en las regiones del centro y sur de Chile la abundancia de
agua permite una agricultura más productiva, la generación de abundante
hidroelectricidad y comodidad para todos los usos consuntivos y no consuntivos
de este recurso.
Los bosques son otro importante
recurso natural renovable que ocupa unos 16 millones de hectáreas (21.5 % del
territorio chileno) y en su mayor parte se ubican al sur del país, en zonas de
clima templado lluvioso, entre las regiones de la Araucanía y la de Aysén,
pasando por las regiones de Los Ríos y de Los Lagos. Sin duda, el recurso
forestal es más abundante en el Perú en donde los bosques ocupan el 48.7 % del
territorio nacional, pero con amplia predominancia del bosque amazónico, es
decir, del bosque tropical, con heterogeneidad de especies y de difícil
accesibilidad para su aprovechamiento económico y su gestión sostenible. A diferencia, los bosques chilenos, ubicados
predominantemente en las regiones de clima templado del centro y sur del país,
contienen pocas especies nativas y algunas sembradas, pero con una mejor
accesibilidad ya que se ubican en los sectores costeros, de valles y quebradas
andinas, fiordos y archipiélagos, nunca demasiado lejos de las carreteras,
puertos y mercados, todo lo que ha permitido su excelente aprovechamiento
económico sostenible, en el marco de estrictas regulaciones estatales y
programas efectivos de reforestación.
Pero hay dos grupos de recursos
naturales en donde Chile y el Perú tienen más de una afinidad. Uno, los
recursos pesqueros, que destacan por su diversidad y abundancia; dos, los
hidrocarburos, caracterizados más bien, en ambos países, por su escasez.
En cuanto a los recursos pesqueros,
Chile posee un mar muy rico por el hecho de que comparte con el mar peruano las mismas
características físico-químicas y biológicas, propias de la corriente de aguas
(relativamente) frías que históricamente fue conocida como Corriente Peruana,
pero que los chilenos prefieren llamar “Corriente de Humboldt”. Sin embargo, no
obstante contar Chile con casi el doble de litoral marítimo que el Perú,
probablemente debido a una mejor planificación y a la vigilancia sobre el
cumplimiento de las regulaciones vigentes para la explotación de los recursos
pesqueros, las capturas totales bordean los 4 millones TM/año, mientras que en
el Perú sólo la anchoveta supera esos volúmenes anuales de extracción, en
promedio. Hacia las regiones del centro y sur del país, conforme baja la
temperatura promedio del mar, aparecen
otras especies para el consumo humano directo y para la pesca industrial que no
están presentes en el mar peruano: entre las primeras puede mencionarse al pez
conocido popularmente como “reineta”, que abunda en el mar adyacente a la
región de Bío-Bío y cuya pesca es tan abundante que parte de ella se exporta al
Perú, con gran aceptación; entre las segundas, destaca el krill, un pequeño
crustáceo de aproximadamente tres a cinco centímetros de largo que abunda en
los mares antárticos, habiéndose estimado su biomasa en 5 millones TM, pero
cuya explotación industrial aún constituye un prospecto.
En materia de hidrocarburos,
finalmente, Chile y el Perú quedan “hermanados” en cuanto a la escasez de este
estratégico recurso energético. Hacia 2010 las reservas de petróleo en Chile se
estimaban en 150 millones de barriles (532 millones en el Perú), localizadas en
el extremo sur del país, en la región de Magallanes, entre el estrecho del
mismo nombre y la Isla Grande de Tierra del Fuego, incluyendo la plataforma
continental. En cuanto a gas natural, las reservas a fecha reciente suman 3,46
TcF (trillones de pies cúbicos) frente a los 12,7 TcF en el Perú. En
consecuencia, para ambos tipos de hidrocarburos, nuestro país posee reservas en
una proporción tres veces y media mayor que Chile, lo que tampoco es como para
sentirnos cómodos, porque tanto en Chile como en el Perú las reservas equivalen
al consumo de unos pocos años por lo que, en aras de su mejor gestión en el
tiempo, ambos países somos importadores netos de hidrocarburos. Sin alejarnos
del subcontinente sudamericano, Venezuela posee una de las mayores reservas
mundiales de petróleo, estimadas a inicios del presente año en 296 mil millones
de barriles, casi 500 veces más que el Perú y 2.000 veces más que Chile.
Recientemente en Chile se ha empezado la exploración de gas no convencional (shale
gas), también en la región austral de Magallanes, estimándose que podrían
existir unas reservas del orden de los 64 TcF. Pero este gas, ubicado en
formaciones geológicas donde predomina la roca de tipo esquisto, aún plantea
grandes problemas tecnológicos y ambientales para su explotación.
Una
sociedad con bienestar, poco estratificada y altamente urbanizada
La primera impresión que un nacional
de otro país de América Latina advierte en la dimensión social al llegar a
Chile, es su relativa homogeneidad étnica, su alto nivel cultural y la
sensación de bienestar general de su población, es decir, la percepción de un
país en donde la diversidad étnica, la estratificación social y las diferencias
entre ricos y pobres, no son tan marcadas como en otros países de la región
latinoamericana.
Esta apreciación se confirma cuando se
pasa revista a las estadísticas sociales. En principio, Chile es un país de 16,6
millones de habitantes mientras que el Perú cuenta con 30,1 millones (2012), lo
que indica que nuestro país es de un “tamaño poblacional” 1,8 veces más grande
que Chile. En materia demográfica, Chile es un país que ha alcanzado la etapa
de madurez, con indicadores que en 2011 se acercan a los de países del Primer
Mundo: poco “peso” del grupo de edad joven, hasta los 14 años (22,3 % contra 28,5
% en el Perú); concentración de la población en el grupo de edad media (68,1
%); y tendencia proporcionalmente creciente del grupo de la tercera edad (9,6
%), mientras que su crecimiento demográfico anual sólo alcanza el 0.88 % (1,1 %
en el Perú). En el terreno del bienestar social, el gasto en salud representa
el 8,2 % del PIB mientras que en el Perú sólo alcanza el 4,6 %. Todo ello se
refleja en tasas de mortalidad infantil, expectativa de años de vida al nacer y
otros indicadores socio-demográficos, por encima del promedio latinoamericano.
En materia educativa, el analfabetismo
ha sido casi erradicado (96,0 % de tasa de alfabetización en 2009), mientras
que la alta calidad de la educación escolar y superior, permite reconocer a
Chile en Latinoamérica como un país poseedor de un sistema de educación básica
y superior de muy buen nivel, que se ubica entre los mejores de la región, situación
que confirmaría el dato del Banco Mundial que indica que Chile destinaba el año
2010 el 4,2 % del PIB al gasto público en educación (frente a un 2,7 % en el
Perú) . Sin embargo, ello no debe llevar a soslayar algunas falencias y
omisiones significativas. Así, históricamente, en los territorios conquistados,
la escuela básica fue un instrumento privilegiado para chilenizar a la
población mapuche y aymara mediante la introducción de la lengua castellana, la
transmisión de una visión elitista sobre
la historia de Chile, y la incorporación del universo de valores propios de la
cultura occidental sobre los que el sistema escolar descansaba, de modo que
este proceso implicó la ignorancia y subvaloración desde una cultura (la
chilena) con respecto de la autóctona. Por otra parte, en años recientes y a
pesar de los controles y regulaciones existentes para conservar el valor
estratégico de la educación superior, ésta se ha privatizado en buena medida
mientras que las universidades públicas también cobran elevadas matrículas, lo
que ha producido una ola de protestas en la juventud universitaria que reclama
un más efectivo compromiso financiero del Estado y mayores regulaciones que
eviten que la educación superior esté regida por el mercado, para lo que los
jóvenes exigen una validación y regulación estatal y social del sistema
universitario.
Vinculada a la prioridad que el Estado
y la sociedad chilena otorgan a la educación, está la importancia que nuestro
vecino le viene dando a la ciencia, tecnología e innovación. Más allá de las
políticas o de la institucionalidad vigente o en proceso de ajuste sobre la
materia, algunos indicadores pueden ser reveladores: de acuerdo a la Red de
Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICYT), el
año 2010 Chile invirtió en ciencia y tecnología el 0,44 % de su PIB, más de
cuatro veces lo que invierte, proporcionalmente, el Perú, en donde en los
últimos años ese valor sólo ronda el 0,1 % del PIB. En materia de solicitud de
patentes, el año 2008 Chile presentó 3.952 frente a las 1.535 que solicitó el
Perú. Con esos y otros indicadores, el
informe de competitividad global del “World Economic Forum” para el año 2012,
sitúa a Chile en el lugar 33 de competitividad a nivel mundial, con lo que
detenta la primera posición en América Latina, en tanto que el Perú, por su
parte, ocupa la posición 61.
En ese contexto, Chile es un país que
ha alcanzado importantes logros en la reducción de la pobreza. Según
información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a
noviembre de 2011 un 14,4% de la población chilena calificaba como pobre y un 2,8%
en extrema pobreza, proceso de reducción que ha sido especialmente marcado en
los últimos 25 años. No obstante, los progresos han sido más lentos en términos
de la reducción de la desigualdad de ingresos y de oportunidades. Así por ejemplo, la brecha de ingresos entre
el 20% más rico y el 20% más pobre ha disminuido desde 13 veces en 1990 a 10.9
en 2011, pero sigue siendo muy elevado si se compara con el nivel promedio de
los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) -conocido como el “club de los países ricos”- que es de 5,4 siendo que
en el marco de esta agrupación de 34 economías desarrolladas y algunas
emergentes, entre las que sólo Chile y México representan a Latinoamérica, se procura armonizar políticas con el
objetivo de maximizar su crecimiento económico.
En todo este proceso es importante destacar
la alta tasa de urbanización. En Chile el 87 % de la población vive en ciudades
(76 % en el Perú), lo que facilita la construcción y la accesibilidad a los
servicios de salud, educativos, de comunicaciones, financieros, etc. así como
la construcción de la infraestructura vinculada a dichos servicios y a las
actividades económicas, proceso en el que, adicionalmente, la forma alargada de país, determina que las
ciudades y las áreas de importancia económica se organicen básicamente sobre el
mismo meridiano, a modo de una extensa red lineal que asegura la eficiente
conectividad entre todos los puntos que dicha red vincula.
Un aspecto de la sociedad chilena poco
conocido es el de su composición étnica y la importancia de la población
indígena. Según el censo de 2002, esta última representaba el 4,58 % de la
población del país (692.000 habitantes) de los cuales el 87,3 % estaba
compuesta por los mapuches (araucanos) que habitan principalmente las actuales
regiones del Bío-Bío, la Araucanía, de los Ríos, y de los Lagos. Esta nación
indígena fue muy rebelde a la conquista española. La Guerra del Arauco, que
duró todo el período de la dominación española, no logró incorporarla al
control colonial, tanto así que la presencia española en esa zona se dio a
manera de “enclaves” mediante la fundación de la ciudad de Valdivia (en 1552,
destruida por los mapuches en 1599 y refundada por los españoles en 1684) y la
ocupación de la isla de Chiloé, es decir, sin continuidad territorial con el
resto de la jurisdicción de la Capitanía General de Chile. Por esa razón,
Valdivia fue desde el inicio una ciudad fortificada, tanto para evitar el
ataque de los naturales como de los piratas holandeses, destacándose su
carácter estratégico con la denominación que le dieron los españoles de constituir
“la llave del Mar del Sur”.
Ya durante la república, hacia 1861,
el gobierno nacional tomó la decisión de ocupar la Araucanía, proceso al que
denominó la “Pacificación de la Araucanía” que, en realidad, se desarrolló
como una sucesión de encuentros armados entre el ejército chileno y guerreros
mapuches, prolongado a lo largo de dos décadas. En 1866 el gobierno promulgó
una ley que confinaba a los mapuches en reservas o “reducciones”, bajo un
régimen comunal de la tierra, en territorios insuficientes para desarrollar las
actividades agropecuarias que constituían la esencia de su modo de vida. Las
campañas militares desde el Estado se intensificaron hacia 1881, cuando se pudo
disponer de soldados veteranos de la Guerra del Pacífico lo que permitió, tras
numerosas batallas, asaltos a fuertes por parte de los mapuches, y operaciones
de castigo en respuesta por cuenta de las tropas regulares, acabar con el
proceso de “pacificación” hacia fines de 1882 e inicios de 1883… Si algún
parecido cree encontrar el lector entre la conquista del Far West norteamericano y la pacificación de la Araucanía, tenga la
certeza de que es pura coincidencia.
Durante el gobierno del General
Pinochet, se promulgó una ley que liquidaba, en los hechos, las tierras comunales,
en tanto autorizaba el otorgamiento de títulos de propiedad individuales y su
venta ulterior. La estrategia implícita era, según muchos investigadores
sociales, que una vez librados los territorios mapuches al mercado de tierras,
el “problema mapuche” se resolvería por sí solo: al acabarse las tierras
indígenas sus propietarios ya no existirían jurídicamente. Pero los mapuches
han sobrevivido y en la actualidad siguen muy activos en la defensa de sus
derechos como etnia y particularmente de sus territorios que, cada vez más, son
amenazados por el avance de los empresas madereras, ganaderas y agrícolas, que
concentran capital y tecnología y que producen para los mercados nacional e
internacional.
En la actualidad, las provincias y
comunas con una alta concentración de población mapuche (como la provincia de
Cautín, en la región de la Araucanía, cuya capital es la ciudad de Temuco),
coincidentemente se cuentan entre aquellas con los indicadores sociales más
precarios a nivel de todo Chile y como las áreas con la más alta conflictividad
social, básicamente a partir de los enfrentamientos que se suceden entre los
mapuches y las empresas madereras por la invasión de sus territorios ocasionada
por la expansión de la actividad forestal. Como para otros campesinos pobres en
muchos lugares de América Latina, una salida para los mapuches ha sido la
migración hacia las grandes ciudades, donde alimentan el crecimiento de los
barrios periféricos y marginales, con sus problemas de alto desempleo, insalubridad,
inseguridad…
Para concluir este ya largo apartado,
consideramos importante tratar de entender a la sociedad chilena actual en el
contexto de su percepción sobre la sociedad peruana y cómo se refleja a través
de esa mirada. Como no somos expertos en temas sociales, transcribimos a
continuación algunos párrafos del artículo “El
espejo donde (no) nos vemos”, que sobre este específico tema ha escrito el
destacado sociólogo peruano Gonzalo Portocarrero y que fuera publicado en el
diario “El Comercio” de Lima el 15 de diciembre de 2012:
“…si se trata
de asumir el reto de construir el futuro tenemos que enfrentar lúcidamente
nuestro pasado.
En esta pugna
de imágenes distorsionadas, la sociedad peruana se percibe como víctima y la
sociedad chilena se imagina como poderosa. Entonces, desde el Perú, Chile es
visto como un país poco original pero agresivo y rapaz. Y, desde Chile, el Perú
es visto como un país de fracasados y quejosos… Es comparándose con el Perú que
Chile se define a sí mismo como un país de europeos blancos, y no de mestizos o
indígenas, y, además, como fundamentalmente exitoso. Entonces los chilenos son
convocados a ignorar su mestizaje y sus debilidades de manera que buena parte
de la sociedad, y del carácter chileno, queda en la sombra. Se construye así
una unidad en gran medida ficticia pues se ignora las profundas complejidades
de la sociedad chilena. Y, correlativamente, es comparándose con Chile que el
Perú se percibe como una sociedad original, con una profundidad histórica y una
variedad de recursos que incitan la envidia y codicia del país vecino.
…En
definitiva estas imágenes alimentan sentimientos poco conducentes, bajas
pasiones fácilmente azuzadas por los demagogos. Entonces la cuestión es cómo
desarmar y reformar esos estereotipos, cómo lograr cambiar la manera como nos
miramos y sentimos, de manera que se logre una hermandad, o al menos, por lo
pronto, una solidaridad que enmarque y atenúe la rivalidad entre nuestros
pueblos… cuando se despeje la incógnita de La Haya ya no habrá pretextos para
atesorar rencores ni cultivar arrogancias”. ¿Cachái?.
Economía
moderna, dinámica y en sostenido crecimiento
Hasta mediados del siglo XIX, Lima (el
Perú) ejercía casi un monopsonio sobre la producción agrícola chilena que
orientaba sus exportaciones (trigo, charqui, cueros, vinos, frutas secas,
madera) así como la del cobre, hacia ese mercado y en una proporción mucho
menor hacia el Virreynato del Río de la Plata. Este esquema recién fue
modificado con la apertura del comercio en la década de 1860, con lo que los
productos chilenos empezaron a exportarse hacia California, Inglaterra, otros
países de Europa e incluso Australia. Se dio inicio, entonces, a la era del
“gran comercio” del trigo, cuyos beneficios, sumados a las inversiones de los
capitalistas enriquecidos con las explotaciones mineras, permitieron la
valorización de nuevas tierras, el desarrollo de las irrigaciones y la creación
de grandes viñedos, activando la economía agrícola y agroindustrial exportadora
del Chile que se ubica en el dominio climático mediterráneo, entre La Serena y
Concepción, aproximadamente. Más adelante, siempre en el siglo XIX, esa
economía exportadora fue ampliada
geográficamente y diversificada con la incorporación de la ganadería ovina en
la región de Magallanes, que introdujo a Chile al negocio internacional de la
lana; y con la fiebre especulativa capitalista que se produjo al incorporarse a
la soberanía chilena la región del Gran Norte, luego de la Guerra del
Pacífico, de donde se empezó a extraer
y exportar el salitre y luego también el cobre. En todo este proceso, los
intereses económicos de Gran Bretaña estuvieron claramente presentes: el
complejo sistema de relaciones de dominación internacional dio como resultado
la fusión del capital industrial británico con el bancario, lo que consolidó la
tendencia de que, incluso hasta la segunda década del siglo XX, Chile
dependiera del mercado inglés para la colocación de sus materias primas
derivadas de la explotación minera -cobre y salitre especialmente-, siendo también
empresas comerciales inglesas las que terminaron monopolizando las actividades
productivas nacionales relacionadas con la minería… Ello ha llevado a un
tradicional buen entendimiento entre la clase política y empresarial chilena
con los británicos, empatía que todo indica que se prolonga sin mella hasta
nuestros días.
Hacia la década de 1930, se promovió
en Chile el debate sobre el desarrollo económico e industrial del país, que, en
el marco de un modelo económico primario exportador, hasta ese momento mantenía
sumido a ese país en el subdesarrollo y sometido a la importación de gran parte
de los productos necesarios para el funcionamiento de su economía, como por
ejemplo el acero, muy necesario para impulsar un proceso de industrialización.
Ello llevó en 1939 a la creación de la Corporación de Fomento de la Producción
(CORFO), organismo que inmediatamente estructuró diversos planes: el Plan de
Fomento de la Producción de la Energía Eléctrica, el Plan de Acción Inmediata
para la Agricultura y Explotaciones afines, el Plan de Fomento Industrial y el
Plan de Acción Inmediata de Comercio y Transporte. En ese contexto fueron
creadas la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), la Compañía de Aceros del
Pacífico (CAP), ambas en la década de 1940, y la Empresa Nacional del Petróleo
(ENAP) ya en la década de 1960, iniciativas que sentaron las bases para la
diversificación de la economía y el inicio de un proceso sólido de
industrialización del país.
En décadas recientes, al amparo de la
política económica liberal introducida por el gobierno de Pinochet (liderada e
instrumentada por los llamados Chicago
Boys), la exportación de sus recursos, naturales y transformados, ha
favorecido la inserción de Chile en el sistema global y le ha permitido
beneficiarse de un crecimiento económico sostenido que lo ubica actualmente en
el tramo superior de los países de ingresos medios. El tránsito no ha sido
fácil: a continuación de la puesta en práctica de la “Revolución en Libertad”
durante el gobierno del presidente Eduardo Frei a mediados de la década de
1960, se aplicó la “vía legal hacia el socialismo” con Salvador Allende, para,
después de su derrocamiento en 1973, abrir Chile a la economía de mercado,
reconstruyendo las estructuras capitalistas del pasado, pero adecuadas a un
mundo encaminado hacia la globalización de la economía. En dicho proceso,
algunas decisiones del gobierno socialista de Allende en el campo de la
economía, que van a contrapelo de las políticas económicas liberales impuestas
desde 1973, curiosamente han permitido construir, en el tiempo, algunos de los
soportes más sólidos de la actual economía chilena. Así, la nacionalización del
cobre durante dicho gobierno, dio lugar a la creación de la Corporación
Nacional del Cobre (CODELCO), empresa íntegramente estatal que hoy en día es el
más grande productor de cobre a nivel mundial y el segundo productor de
molibdeno. Además, CODELCO es la empresa más grande de Chile y, como tal, juega un importante rol en el desarrollo
económico nacional. El año 2011, último para el que se cuentan con cifras
finales, la producción de CODELCO llegó a 1.735.000 toneladas métricas de cobre
fino, generando ingresos por venta de ese metal por US$ 14.338 millones que
produjeron excedentes por US$ 7.033 millones, que fueron distribuidos de la
siguiente forma: US$ 3.133 millones como impuesto a la renta; US$ 359 millones
como impuesto especial a la minería; US$ 2.055 millones como utilidades netas
de la empresa; y, US$ 1.486 millones como impuestos correspondientes a la “Ley
Reservada del Cobre” que son recursos para financiar compras de las Fuerzas
Armadas que no pasan por consulta o aprobación del Congreso Nacional. Si bien el año pasado Chile aprobó una nueva
ley de financiación para sus Fuerzas Armadas que implica el establecimiento de
un presupuesto plurianual cada cuatro años para los gastos en defensa que serán
objeto de supervisión por la Contraloría, ello no implica necesariamente que se
reducirán los gastos en defensa, sino que se dará curso a un proceso de planeamiento
de largo plazo que independizará la dependencia del financiamiento militar de
la volatilidad de los precios del cobre. A título ilustrativo, en cinco años,
de 2006 a 2010, las fuerzas armadas chilenas recibieron sólo por concepto de la
ley reservada del cobre un aproximado de
US$ 7,760 millones de dólares.
Como reflejo del dinamismo y
crecimiento sostenido de su economía a lo largo de las últimas tres décadas, el
producto interno bruto (PIB) chileno para 2012, a precios nominales, estimado
por el Fondo Monetario Internacional, es de US$ 268.278 millones (US$ 200.292
para el Perú), lo que supone un PIB per cápita de US$ 15.415, cifra con la que
lidera cómodamente el grupo de países latinoamericanos. Por lo demás, dicho PIB
per cápita es 2,3 veces superior al del Perú (US$ 6.572). Debe advertirse, sin
embargo, que el PIB chileno creció más durante la década de 1990 que el del
Perú (86 % frente al 47,6 % en el Perú) en tanto que, a la inversa, el PIB
peruano creció más que el chileno en la década pasada (73,6 % frente al 49,6 %
en Chile), datos que indican que a pesar del gran impulso que caracteriza a la
economía peruana, particularmente en años recientes, con altas y sostenidas
tasas de crecimiento, queda aún bastante camino por recorrer para consolidarnos
como una de las economías líderes a nivel de la región latinoamericana.
Signo de una economía moderna, el PIB
sectorial porcentual, en base a cifras de 2010, indica para Chile un alto
predominio de los sectores de servicios (comercio, transportes y comunicaciones,
finanzas, sector público) que suman el 58 % del PIB, mientras que la minería
con el 15,3 % del PIB se convierte en el segundo sector económico en
importancia, seguido por la industria manufacturera (12,2 %) y la construcción
(8,0 %). La agricultura, silvicultura y pesca sólo representa actualmente el 3,6
% del PIB, cerrando la lista el sector de electricidad, gas y agua con el 2.9
%.
Por otro lado, un gran factor
dinamizador de la economía chilena es su comercio exterior que, en
correspondencia con la temprana apertura comercial del país al mundo y la
suscripción de tratados de libre comercio (que en 2012 suman 16 con 60 países),
se refleja en un valor de exportaciones de US$ 81.411 millones para el año 2011
(US$ 45.726 millones para el Perú en el mismo período), con valores muy
importantes para todos los sectores de la producción de bienes, pero sin poder
desprenderse del alto predominio de las exportaciones mineras, y muy
marcadamente del cobre, las que ese año sumaron US$ 50.135 millones, representando
el 62 % del total. Estas cifras evidencian que para el año 2011, sólo las
exportaciones mineras chilenas sumaron más que las exportaciones peruanas
totales.
El comercio bilateral peruano-chileno,
en el marco de modelos económicos similares y de aparatos productivos que se
complementan en muchos aspectos, en los últimos quince años (1997 – 2011) ha
crecido ocho veces, pasando de US$ 466 millones (1997), a US$ 3.805 millones (2011). Pero, tanto o más
importante que ello es el flujo recíproco de inversiones que, hasta 2011, sumó
US$ 11.161 millones de inversión chilena en el Perú, mientras que la peruana en
Chile alcanzó alrededor de US$ 8.000 millones, la mayor parte de ella en años
recientes. Esa inversión chilena está concentrada principalmente en los rubros
de generación y distribución de electricidad, el sector comercio (retail) y el
sector transporte. Por su parte, la inversión peruana en Chile está concentrada
en el sector minero, distintas actividades de servicios y finanzas, y de la
construcción.
Pero la economía chilena destaca
también por recibir ingentes recursos financieros con el carácter de inversión
extranjera directa (IED). El año 2011, la IED alcanzó en Chile los US$ 17.299
millones y en el 2012, hasta el tercer trimestre, sumó US$ 17.758 millones.
Esto sin duda responde al hecho de que, por largo tiempo, Chile ha sido
atractivo para las empresas que están invirtiendo por primera vez en América
Latina, ya que aprecian la estabilidad política y económica y la claridad del
ambiente de negocios en este país. Pero, crecientemente, los inversionistas
están usando a Chile no sólo para ganar experiencia en América Latina, sino
también como una base desde la cual proyectarse a otros mercados de la región.
Adicionalmente, diversos instrumentos financieros son usados por empresas
chilenas para financiar su expansión en los países de la región. Así, CENCOSUD,
que ya es el grupo “retailer” más grande de América Latina, con operaciones de
supermercados y centros comerciales en Argentina, Brasil, Colombia y Perú,
además de Chile por supuesto, hizo hacia fines de 2012 una emisión de bonos por
US$ 1.200 millones colocados en el mercado financiero internacional, recursos
que le permitirán sostener sus próximos
planes de expansión en la región.
Finalmente, una mención a las zonas
francas chilenas, esquema que, visto en su aspecto económico-comercial, implica
solamente la aplicación de la extraterritorialidad aduanera a un recinto al que
ingresan mercancías sin el pago del impuesto al valor agregado ni los derechos
aduaneros de importación, pero que en el caso chileno, con dos zonas francas,
una en Iquique y otra en Punta Arenas, tiene, además de apuntalar el desarrollo
de regiones que en el momento de su creación eran económicamente periféricas, el
claro propósito de sentar una hegemonía económica sobre territorios de los
países vecinos carentes de facilidades para su conexión con los mercados del
mundo. En el caso de la Zona Franca de Iquique (ZOFRI), creada el año 1975,
durante el apogeo de la vigencia de los esquemas económicos proteccionistas en
prácticamente toda América Latina, ella introduce un factor de
desestabilización de las economías de los países vecinos (sobre todo Bolivia),
ya que las operaciones comerciales de importación y luego de re-expedición de
mercancías realizadas en el marco de la normativa chilena sobre zonas francas,
se convierten, en buena parte, en contrabando al llegar a las fronteras con esos
países, en un contexto de débil presencia del Estado, deficiencias en la
infraestructura de transportes y comunicaciones, fronteras casi deshabitadas,
etc. En el caso del Perú, ello planteó la necesidad de establecer desde 1996
CETICOS Matarani e Ilo así como en 2002 ZOFRATACNA, una estrategia para reducir
el impacto negativo en la economía regional del sur peruano y, en la práctica,
de casi todo el Perú, representado por la re-expedición desde Iquique e ingreso
ilegal al Perú de productos desde la ZOFRI la que, casi cuatro décadas después
de su establecimiento sigue más boyante que nunca: el año 2011 las ventas totales alcanzaron el
récord histórico de US$ 4.289 millones,
mientras que las re-expediciones a los países vecinos sumaron un monto de US$ 1.864
millones, el 50 % a Bolivia, 23 % a Paraguay, 18,3 % al Perú y el resto a otros
países del Sudamérica.
La
articulación y la gestión del territorio
Como consecuencia de las distintas
fases de expansión que se han venido dando en el Chile republicano (la de la
minería carbonífera; la del salitre y el cobre; la de la agricultura intensiva
de productos propios del clima mediterráneo; la de la pesca; la de la
explotación forestal; y la de la
ganadería ovina extensiva), este país se ha venido estructurando y cohesionando
espacialmente, proceso que constituye respuesta a las necesidades de articulación
entre áreas de producción y ciudades, y entre estas últimas y los mercados del
exterior a través de los puertos. Ese proceso se ha visto facilitado,
indudablemente, por la peculiar forma alargada del país de modo que, como algún
acucioso panelista comentó en un seminario donde se analizaban los grandes
retos para el desarrollo del Perú: “en
Chile, a diferencia del Perú, usted construye una sola carretera longitudinal y
ya tiene articulado e integrado al país”.
Por exagerada que parezca esa
afirmación, algo de cierto tiene. Ya en 1914, el sistema ferroviario unía desde
Pisagua en el norte hasta Puerto Montt en el sur. Con posteriores levantamientos
de vía, al presente se prolonga desde Pozo Almonte (en el tablazo que se ubica
por encima de la ciudad portuaria de Iquique) hasta Puerto Montt en la región
de Los Lagos, con una extensión total de aproximadamente 2,800 km. Pero, con la
importancia que esa infraestructura tiene para la articulación e integración
nacional, adicionalmente aparece la posibilidad de que Chile concrete un anillo
ferroviario en forma de “P”, que integraría el Gran Norte chileno con el
altiplano boliviano, para lo que sólo se requeriría tender aproximadamente 300
km de nuevas líneas férreas, desde Pozo Almonte hasta Arica, y proceder a la
mejora de algunos tramos. Hay que tener en cuenta que la interconexión con la
red occidental boliviana (altiplano) ya existe prácticamente desde inicios del
siglo XX en los siguientes dos puntos: Visviri, en la ruta del ferrocarril
Arica-La Paz; y en Ollague, donde el ferrocarril boliviano que viene de Oruro y
Potosí ingresa a territorio chileno para llegar a los puertos de Antofagasta y
Mejillones.
En cuanto a puertos marítimos,
precisamente, Chile los ha potenciado enormemente en las últimas décadas para
que sirvan eficientemente a las necesidades de su comercio exterior y, al
carecer de un transpaís propio, al de regiones interiores de países como
Bolivia, Argentina y Paraguay, en sus tráficos comerciales con la Cuenca del
Pacífico. Es así como Chile, además de los puertos de la región central y sur
que sirven a los tráficos con origen/destino en esas regiones (dentro de los
cuales destaca el puerto de San Antonio, en la Región de Valparaíso, 87 km al
sur del puerto de este nombre y al que ya ha superado como el primer puerto del
país por el volumen de carga que moviliza: 15,7 millones TM el año 2011), está
potenciando principalmente los puertos del Norte Grande, desde Antofagasta
hasta Arica. Entre ellos destaca el de Mejillones, que ha sido planificado para
convertirse en el mega-puerto de la Región Centro-Sur Sudamericana, mediante un
desarrollo en cinco fases a lo largo de 50 años. Al concluirse la segunda fase,
en actual desarrollo, Mejillones estará en capacidad de movilizar entre 14 a 16
millones TM de carga, volumen similar al que actualmente moviliza el puerto de
San Antonio.
Las carreteras, como en todos los
países de la región, se construyeron a continuación de los ferrocarriles. En
Chile no existieron problemas para construirlas tempranamente desde Arica hasta
Puerto Montt, pero el gran reto, con sentido geopolítico y estratégico, lo
planteó el General Pinochet cuando comprometió la construcción de la “Carretera
Austral”, en la perspectiva de articular Chile a través de una vía longitudinal
que, a lo largo de más de 5.000 km, conectara Arica, en el extremo norte, con
Punta Arenas, en el extremo sur del país. El proyecto empezó a ejecutarse en
1976, pero hasta el año pasado y debido a las complicadas características
geográficas del territorio, en el que predominan los Andes patagónicos, lagos,
turbulentos ríos y la presencia de campos de hielo, la construcción de la
Carretera Austral sólo ha llegado hasta Villa O’Higgins, población al sur de la
región de Aysén, habiendo avanzado 1.247 km desde Puerto Montt. Sin embargo, por las características del terreno
ya señaladas, en buena parte carece de pavimentación y está en permanente
reparación, aún cuando la mayor parte de sus tramos están operativos.
En cuanto a infraestructura y redes
eléctricas, Chile es un país en el que, contrariamente a lo que podría
suponerse, por razones de economía en el transporte de la energía en un
territorio tan dilatado de norte a sur, existen cuatro sistemas eléctricos
interconectados, independientes entre sí: el Sistema Interconectado del Norte
Grande (SING), que cubre el territorio comprendido entre las ciudades de Arica
y Antofagasta con un 28,06% de la capacidad instalada en el país; el Sistema
Interconectado Central (SIC), que se extiende entre las localidades de Taltal
(al sur de Antofagasta) y Chiloé con un 71,03% de la capacidad instalada en el
país; el Sistema de Aisén que atiende el consumo de la región del mismo nombre
con un 0,29% de la capacidad; y el Sistema de Magallanes, que abastece la
Región XII (Magallanes) con un 0,62% de la capacidad instalada en el país. La
capacidad eléctrica instalada el año 2009 fue de 16.049 MW (7.982 MW en el
Perú) de la cual un 65 % es energía térmica, la mayor parte procedente de
energía fósil (hidrocarburos).
La alta tasa de crecimiento económico
se refleja también en el incremento de la demanda de energía eléctrica. Por
ejemplo, en el Sistema Interconectado Central (donde se encuentra la Región
Metropolitana, Santiago), la entrada en operación de nuevos proyectos mineros
implicará duplicar la demanda de energía en 10 años y triplicarla en 20. Como
una solución a esta situación y también en el marco de una estrategia nacional
para modificar la matriz energética, ampliamente dependiente de los
hidrocarburos, Chile tiene previsto desarrollar el alto potencial hidroeléctrico
de la región de Aysén, en donde es posible instalar 8.040 MW, de los cuales ya
existe un proyecto en desarrollo para construir varias centrales
hidroeléctricas con una capacidad total de 2.400 MW, que entrarían en operación
gradualmente hasta el año 2018, y que requerirá, además, de una línea de
transmisión de alrededor de 2.000 km de longitud para llegar al gran mercado
demandante que es la Región Central y especialmente la capital del país,
Santiago. A pesar de las protestas generadas en distintos sectores de la
sociedad chilena, y particularmente entre grupos ambientalistas y los
habitantes de la región de Aysén, debido a las enormes áreas de inundación que
supondrá la construcción de estas centrales, el deterioro de la flora y fauna
nativa, el impacto sobre los glaciares, y las necesaria relocalización de miles
de habitantes, el organismo ambiental competente aprobó el año pasado la
construcción de la primera de la serie de centrales, que tendrá una capacidad
instalada de 640 MW.
Todo este despliegue de infraestructura
puesta sobre el territorio, al que se suma tendidos de fibra óptica y todos los
recursos que permite la moderna tecnología de las comunicaciones e información,
tiene al sistema de ciudades chilenas como los nodos que justifican, otorgan
coherencia y administran estas redes, marcadamente de carácter lineal. La
Región Central, en efecto, es el centro del sistema urbano porque allí se
ubican Santiago y la ciudad portuaria (y también administrativa; allí se
encuentra la sede del Poder Legislativo) de Valparaíso. Santiago es una gran
conurbación que alcanza los 6,7 millones de habitantes congregando el 40 % de
la población del país, con lo que el centralismo demográfico chileno supera al
del Perú, ya que Lima “sólo” concentra a
la tercera parte de la población nacional. Sin embargo, ello se ve compensado
con una menor concentración de las actividades económicas y, sobre todo, con
una alta calidad funcional de la urbe santiaguina, llena de edificaciones
modernas, eficiente sistema de transporte masivo (metro), y servicios de punta
para las empresas: en el “sistema mundial de ciudades”, concepto que jerarquiza
a las principales metrópolis del planeta según su funcionamiento como centros nerviosos de la
nueva economía, ponderando una serie de factores representativos que permite
clasificarlas en ciudades “alfa – beta – gamma”, Santiago de Chile aparece el
año 2010 en la categoría “alfa” junto con Buenos Aires, México y Sao Paulo en
América Latina. Lima, por su parte, se ubica en la categoría “beta”, a la par
que Bogotá, Río de Janeiro, Caracas y Montevideo.
Después de Santiago, el sistema urbano
chileno tiene como ciudades de segundo rango o metrópolis regionales, a la Gran
Concepción, por el sur, en la región de Bío Bío, y a Antofagasta, por el norte.
La Gran Concepción es una aglomeración que se acerca al millón de habitantes y
que congrega a otras nueve ciudades, la más importante de las cuales es la
ciudad portuaria de Talcahuano; tiene un carácter multifuncional, destacando la
función portuaria, comercial e industrial. Antofagasta, por su parte, es una
urbe individualizada con una población de alrededor de 350,000 habitantes que
también tiene un carácter multifuncional pero con actividades organizadas
teniendo a la minería del Gran Norte como eje impulsor, lo que le otorga la
característica de ser la ciudad con el mejor producto per cápita de Chile, con
US$ 37,000 en 2012… similar al del Reino Unido!.
Para la administración del territorio,
finalmente, Chile ha organizado desde 1974 al país en regiones administrativas,
que inicialmente fueron 13, llegando actualmente a 15; por debajo de ellas
existen las provincias y las comunas. Las regiones están a cargo de un
Intendente no electo sino nombrado por el Presidente de la República, que
cuenta con un cuerpo de Secretarios Regionales Ministeriales (SEREMI). En
materia de inversión pública, los gobiernos regionales y comunales sólo deciden
una parte minoritaria de ésta, pero el gobierno nacional viene explicitando su
voluntad de privilegiar instrumentos de
inversión asociados a mayores niveles de autonomía regional y comunal en la
asignación de los recursos. En términos territoriales y regionales, el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional cuenta con criterios como la pobreza para
ponderar su asignación entre las zonas, siendo que en el Presupuesto 2013, las
regiones contarán con recursos del orden de US$1.943 millones lo que permitirá
ir acortando la brecha entre “regiones ganadoras – regiones perdedoras” que en
la actualidad se refleja, por ejemplo, en que mientras que el 22,5 % de la
población está en situación de pobreza en la región de la Araucanía, sólo el
7,5% esté incluida en esa misma condición en la región de Antofagasta.
El
futuro de la cooperación peruano-chilena
En
circunstancias en que ambos países esperan el fallo de la Corte Internacional
de La Haya sobre la demanda de delimitación marítima interpuesta por el Perú el
año 2008, es importante efectuar una
reflexión sobre el futuro de las relaciones entre ambos países una vez que
dicho fallo sea emitido.
Más
allá de las declaraciones recientes de los más altos voceros políticos,
incluyendo los Cancilleres y Presidentes,
en el sentido de que acatarán y ejecutarán el fallo, es no sólo deseable sino
necesario que ambos países utilicen ese hecho como una oportunidad histórica,
como el momentum para proyectar las
relaciones bilaterales y otorgarles un
impulso que permita levantar las pesadas hipotecas del pasado y
encaminarlas sólidamente hacia unas relaciones basadas en la coexistencia
pacífica, la confianza mutua y la amplia cooperación bilateral, conservando sus
intereses como países, por supuesto, pero sin fomentar desequilibrios ni
hegemonismos que introduzcan dudas sobre
la posibilidad de apropiar ese escenario
y hacerlo realidad.
Ello
constituye un enorme reto, en principio, para los gobiernos, pero más
ampliamente también para la clase política, la élite militar, la
intelectualidad y la academia, y la sociedad en su conjunto en ambos países, las
que deberán replantear, con espíritu positivo y de cara al futuro, las
hipótesis marcadas por la duda, el recelo y la confrontación del pasado para
reemplazarlas por otras de incremento y fortalecimiento de la confianza y la
cooperación en todas las áreas de las relaciones modernas entre sociedades y estados,
más aun siendo el Perú y Chile países fronterizos. Las áreas de trabajo son
múltiples y se sitúan en el terreno de la estrecha coordinación y concertación política,
pero también en los campos militar, científico-tecnológico, educativo,
minero-energético, de infraestructura y comunicaciones, ambiental, etc., que sumados
a los avances en materia económico-comercial y de inversiones ya encaminados
desde años atrás a través de los actores del sector empresarial, deberían favorecer un cambio de actitud de los agentes
del desarrollo y de la población en general respecto al “otro” y permitir
acceder en el mediano plazo a un tipo de relación cualitativamente distinta a
la que predominó en el pasado. Un interesante ejemplo en esta dirección es el
que vienen dando miembros de la intelectualidad y la academia de ambos países
convocados en el denominado “Grupo de Diálogo Peruano-Chileno” que ya se ha
reunido cuatro veces desde el año 2012 en el propósito de contribuir a construir
espacios de cooperación redituables para afirmar el encuentro permanente entre
las sociedades peruana y chilena.
Sólo
a modo de ejemplo, en materia científico-tecnológica puede plantearse un
escenario en el que el Perú y Chile, en circunstancias en que en otras regiones
del planeta la pesca indiscriminada y depredatoria casi ha agotado sus posibilidades
a gran escala, comprometan -al compartir el mar más rico del mundo en variedad
y en biomasa de recursos hidrobiológicos-, a través de sus organismos
nacionales especializados, el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y el
Instituto de Fomento Pesquero de Chile (IFOP), programas conjuntos para conocer
mejor, entre otros, las características y oscilaciones climáticas y
físico-químicas de dicho mar, evaluar conjuntamente el potencial de la biomasa
de las principales especies aprovechables económicamente, intercambiar
información y proponer la aproximación de las regulaciones sobre técnicas de
pesca, concertar períodos de veda y de autorización de pesca así como de
volúmenes de extracción por especies.
Algo de ello hace parte de la agenda de trabajo de la Comisión Permanente del
Pacífico Sur, que además del Perú y Chile integran Colombia y Ecuador, pero
este espacio de coordinación de las políticas marítimas de estos cuatro Estados
abarca mares de distintas características, siendo que los del Perú y Chile,
dominio de la corriente Peruana o de Humboldt, poseen las mayores afinidades y
el mayor potencial pesquero que es necesario preservar y aprovechar
sosteniblemente por tratarse de un recurso cada vez más estratégico para la
seguridad alimentaria de la población mundial, de modo que se trata de una problemática
en la que el Perú y Chile tienen mucho que aportar.
En
otro ámbito de la cooperación científico-tecnológica, estando ubicados ambos
países en una de las regiones sísmicas más activas del planeta, la cooperación
entre sus organismos oficiales especializados
en el campo de la geofísica y la sísmica es una necesidad tan obvia que cae por
su propio peso, y que debe pasar por el desarrollo de proyectos y actividades compartidos,
por ejemplo, en las áreas de sismología, vulcanología, geomagnetismo,
sismotectónica y otras, sin por ello descuidar actividades ya encaminadas como los ejercicios
coordinados de prevención de desastres que los organismos de defensa civil de
ambos países promueven y ejecutan en las ciudades fronterizas de Tacna y Arica.
A
propósito de estas últimas ciudades, a las que separan sólo 56 kilómetros por
carretera, ellas deben convertirse en el escenario privilegiado de un proceso
de cooperación fronteriza que vigorice y haga viable lo que ya aparece en el
horizonte como la futura configuración de una conurbación binacional pero que,
por ahora, funciona como un poderoso eje de relación urbana a través del cual
se mueven miles de personas de una ciudad a otra semanalmente, estimuladas por
la oferta comercial, turística, gastronómica, y por los servicios médicos,
odontológicos, educativos, recreativos y otros, que se presentan complementariamente
de uno a otro borde fronterizo. En ese proceso, la respuesta de ambos gobiernos
tiene que ser una de apertura y respaldo a esas potencialidades de
complementación, habilitando, por ejemplo, un régimen fronterizo tan amplio
como sea posible y comprometiendo iniciativas perdurables que vayan más allá de
la sola facilitación de los desplazamientos de personas.
Avances
existen al respecto. En 1999 el Perú y Chile establecieron un Comité de
Frontera que trabajó durante la década pasada básicamente en la solución de
problemas relacionados con el tránsito de pasajeros y mercancías entre Tacna y
Arica y que, gracias al diálogo que fomentó, hizo posible, adicionalmente, la
suscripción de varios acuerdos en materia de cooperación aduanera, prevención y
atención de desastres, tránsito de nacionales peruanos y chilenos en calidad de
turistas con documento de identidad nacional (antes era requerido el pasaporte
para tránsito más allá de Tacna y Arica y éste mismo se realizaba en base a un salvoconducto), y un acuerdo de
transporte de pasajeros por carretera entre Tacna y Arica. Pero en noviembre de
2012, Perú y Chile han dado una magnífica señal de su interés en profundizar las relaciones fronterizas con el
establecimiento del Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo (CIDF) que,
más allá de la promoción y facilitación de los flujos transfronterizos, fortalecerá
los intereses comunes a través de proyectos binacionales con especial énfasis
en la integración económica y social, fomentando en la zona fronteriza una
cultura de paz y de cooperación en el marco del respeto y valoración de la
identidad nacional y cultural. Al efecto, el CIDF ha organizado sus trabajos en
tres comisiones: de integración; de facilitación fronteriza; y de
infraestructura, transportes y normas. Entre ellas destaca la primera por su
importancia en la generación de espacios de acercamiento y complementariedad de
la economía transfronteriza; el fortalecimiento de las capacidades de atención
en temas de género, tales como el de las mujeres migrantes que son víctimas de
la violencia familiar; la promoción de la salud pública; la salud ambiental,
ocupacional y atención de desastres; la vigilancia sanitaria de productos
farmacéuticos; y la vigilancia epidemiológica.
Con
una mayor dosis de optimismo, pero también de voluntad y trabajo conjunto, se
puede empezar a pensar en un esquema de cooperación regional que trascienda lo estrictamente
fronterizo y que se proyecte espacialmente hasta involucrar a la metrópoli
regional del sur del Perú, la ciudad de Arequipa, y la del norte de Chile, la
ciudad portuaria de Antofagasta, a lo largo de un eje de aproximadamente 1.100
kilómetros de longitud a través de la Carretera Panamericana. Gracias a la
mayor diversidad funcional de estas urbes; la magnitud de los recursos,
infraestructuras y servicios que
quedarían involucrados en esa franja territorial; Perú y Chile podrían
consolidar en el futuro una región binacional, que en pleno siglo XXI, cuando
el comercio y los servicios se han consolidado como los motores del desarrollo,
podrían constituir, en el marco de acuerdos específicos sobre temas relevantes,
el espacio privilegiado de la cooperación bilateral y el soporte y nexo para la
articulación de las regiones del interior continental con el mundo global.
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